Los camaristas Agustín Lovera y María Belén Agüero, en mayoría, argumentaron que corresponde desvincular del proceso al exparlamentario porque realizó un «acuerdo de voluntades» con la Cámara de Diputados, así como con la Procuraduría General de la República, para pagar primeramente por un monto de G. 121.208.300 y, en segundo término, un monto de G. 47.000.000.

Por su parte, la camarista Adriana Giagni alegó que corresponde enviar el expediente a otro Tribunal de Sentencia para un nuevo juicio oral. Resaltó que el primer Tribunal aplicó erróneamente la ley y que , el monto entregado por el acusado en concepto de reparación del daño deberá ser tenido en cuenta por el Tribunal de juicio en la medición de la pena.

El exlegislador fue acusado de estafa en el caso de sus caseros, quienes percibían dinero de la Cámara de Diputados, pero no prestaban ningún servicio allí. En la misma causa los empleados de Rivas fueron condenados a penas carcelarias, pero con el beneficio de la suspensión. El exdiputado por Paraguarí fue imputado en mayo del año 2018 tras una investigación periodística que expuso el caso.