La ciudad autónoma española de Ceuta vive una de las mayores crisis migratorias de su historia tras el ingreso de cerca de 49.000 migrantes procedentes de Marruecos en las últimas 24 horas. Miles de personas cruzaron la frontera terrestre y otras llegaron a nado por el espigón del Tarajal, desbordando los dispositivos de seguridad y la capacidad de acogida del enclave español en el norte de África.

Ante la magnitud del flujo migratorio, el Gobierno de España ordenó acelerar las devoluciones de quienes ingresaron de manera irregular y reforzó la coordinación con Marruecos para restablecer el control de la frontera. El presidente Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se trasladaron a Ceuta para supervisar el operativo y evaluar la respuesta del Estado.

Las autoridades ceutíes declararon una situación de emergencia al advertir que los centros de acogida se encuentran completamente saturados. Miles de migrantes permanecen en calles, parques y espacios improvisados, mientras organizaciones humanitarias alertan sobre la falta de alimentos, agua, atención médica y alojamiento, especialmente para los menores de edad. Según estimaciones oficiales, alrededor de 7.000 de los recién llegados son menores.

La tragedia también dejó víctimas fatales. Al menos 18 personas murieron al intentar alcanzar la costa española por vía marítima, principalmente por ahogamiento, mientras los equipos de rescate continúan las labores de búsqueda en el litoral.

Ceuta, junto con Melilla, constituye la única frontera terrestre entre África y la Unión Europea, por lo que desde hace décadas es uno de los principales puntos de ingreso irregular hacia territorio europeo. Sin embargo, el volumen registrado en esta ocasión supera ampliamente la crisis migratoria de 2021, cuando ingresaron unas 10.000 personas en pocos días, y representa más de la mitad de la población de la ciudad, que ronda los 83.000 habitantes.

La crisis volvió a situar la política migratoria europea en el centro del debate y aumentó la presión sobre las relaciones diplomáticas entre Madrid y Rabat, mientras las autoridades españolas buscan contener nuevos ingresos sin agravar la situación humanitaria en la frontera sur del continente.