Katherine Pamela Toñánez Vera, representante de Proyecto Global SA, empresa de la cual la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) adquirió 4.000 tapabocas por G. 29.990 cada uno, recusó a los fiscales Osmar Legal, Federico Delfino y Alicia Sapriza. Asimismo, solicitó que sean apartados de la investigación en su contra por presunta lesión de confianza.

En la nota de recusación, Toñánez afirmó que los mencionados fiscales solicitaron la aplicación de medidas cautelares "excesivas e ilegales", además indicó que el fiscal Legal ha demostrado "una total falta de objetividad en el ejercicio de sus funciones", lo cual quedó revelado en su actuación durante la audiencia de imposición de medidas, según el escrito.

La mujer explicó que, en aquella ocasión, se presentaron documentos sobre su reciente maternidad de una niña de tres meses y que también se ha reiterado el dictado normativo correspondiente al Artículo 238 del Código Procesal Penal que prohíbe la prisión preventiva en relación a personas que se hallen en periodo de lactancia.

"El fiscal mantuvo inalterado el requerimiento original de prisión preventiva en cuanto a mi persona, a pesar de hallarse suficientemente al tanto de una circunstancia de tanta relevancia como el periodo de lactancia", expresó.

Sostuvo que esta actuación "demuestra una absoluta carencia de objetividad por parte de Osmar Legal, que se extiende a todos los integrantes de esa unidad fiscal especial", ya que "ni siquiera la evidente aplicación de un derecho universal de tanta envergadura, como el derecho al niño de recibir la lactancia lo llevan a abandonar una postura contraria a derecho, abusiva y excesiva".

El pasado 12 de mayo, la jueza Cynthia Lovera otorgó el arresto domiciliario a Katherine Pamela Toñánez Vera y a su pareja Carlos Alberto Franco Vargas, representantes de Proyecto Global SA, ambos imputados por supuesta lesión de confianza.

El caso

En el caso ya fueron procesados Édgar Melgarejo (ex titular de la Dinac), Juan Carlos Turitich Báez (gerente financiero), Marcelo Rubén Ovelar González (coordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones), Luz María Chamorro Báez (gerente administrativa), José Fernando Gallardo de Brix (administrador del Aeropuerto Silvio Pettirossi).

Los mismos fueron imputados por lesión de confianza y también terminaron siendo beneficiados con arresto domiciliario dictado por el juez penal de Garantías Rolando Duarte.

La compra de mascarillas para la Dinac se había realizado por G. 120 millones, mismo monto depositado por Melgarejo como fianza real.

El caso salió a la luz luego de varias publicaciones y reclamos en redes sociales sobre los altos costos de los insumos que fueron adquiridos por la institución en el marco de la pandemia del coronavirus (Covid-19).

A raíz de esta situación, un grupo de diputados de las bancadas opositoras presentaron ante el Ministerio Público una denuncia por presunta corrupción, a fin de que se inicie una investigación al respecto.

En su momento, Melgarejo había argumentado que las mascarillas adquiridas son del tipo PFF2 y no las comunes, por lo cual eran más caras.

Tras una investigación fiscal se corroboró que tanto la empresa que suministró los tapabocas (Proyecto Global SA) y un consorcio (Aero Tech) tenían un contrato de mantenimiento con la institución y que serían firmas de maletín. Esta situación obligó a Melgarejo a renunciar al cargo.