Las magistradas Karina Cáceres, Adriana Planas y Ana Rodríguez, consideran que existe peligro de fuga, debida a la alta condena dictada en el caso.

Durante el juicio oral, el mismo recibió el dinero que supuestamente fue cobrado por la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) e incluso quedó probado que los acusados maniobraron para lograr los desembolsos irregulares, que supuestamente iban destinados a la construcción de obras que, en algunos casos, ya estaban construidas.