La defensa del acusado Fernando Román Fernández repuso una resolución del Tribunal, mediante la cual se dispuso el estudio de un pedido de incompetencia recién en el juicio oral. El Tribunal rechazó dicha reposición y ahora la Cámara de Apelación deberá expedirse sobre el mismo.

El fiscal Hernán Galeano expresó que el recurso puede considerarse dilatorio, puesto que la propia Corte Suprema de Justicia declaró la competencia del Tribunal presidido por el juez de delitos económicos Matías Garcete. “Se puede considerar como una cuestión dilatoria teniendo en cuenta que eso ya fue debatido por el propio conflicto de competencia generado entre los tribunales” dijo Galeano.

“La defensa alega falta de competencia material teniendo en cuenta que se trataría de hechos punibles de trámite ordinario y, por ende, debería llevarlo un Tribunal de Sentencia ordinario; no obstante, eso ya se había estudiado con anterioridad y ya se había establecido la competencia de este tribunal especializado, por eso el tribunal rechazó el recurso de reposición, pero tuvieron que darle el trámite de la apelación subsidiaria” afirmó el agente del Ministerio Público.

Para esta mañana estaba previsto el inicio del juicio oral y público en la causa por supuesta estafa, lavado de dinero, asociación criminal, lesión de confianza, estafa en grado de tentativa, evasión de aportes a la seguridad social, conducta indebida en situación de crisis y conducta conducente a la quiebra.

Según la acusación fiscal, el perjuicio patrimonial se habría originado en las “estructuras contractuales ilícitas” diseñadas para obtener beneficios indebidos provenientes de los aportes de los clientes de la empresa. Las 31 víctimas directas habrían realizado pagos a la empresa del Grupo Mocipar sin recibir contraprestación alguna.