La decisión quedó establecida en la resolución F.G.E. N.º 1233.

Tras la notificación de la resolución, este martes, los fiscales Jorge Arce, Belinda Bobadilla y Leonardi Guerrero, integrantes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, presentaron imputación contra seis personas más. Entre los imputados se encuentran el juez de Paz del Juzgado en cuestión, un actuario judicial, dos ujieres notificadores, un abogado y un oficial de Justicia. Con estas nuevas imputaciones, el número de procesados penalmente en la causa asciende a 66.

Las acusaciones incluyen los supuestos hechos punibles de prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, conforme a los artículos 250, 252 y 305 del Código Penal.

De acuerdo con la investigación, en al menos 88 expedientes judiciales se habrían emitido resoluciones en aparente desapego a la normativa vigente, lo que facilitó el avance de juicios preparatorios de acciones ejecutivas sin la notificación correspondiente a los demandados. Se presume que las diligencias fueron informadas como realizadas por los ujieres notificadores sin haberse concretado, con conocimiento del abogado de la parte actora, el actuario judicial y el propio juez.

En el caso del oficial de justicia, se le atribuye haber informado la ejecución de mandamientos de embargo en cuatro expedientes distintos, en el mismo horario y en ciudades diferentes, lo que configuraría la falsedad documental. La imputación fue presentada ante el Juzgado Penal de Delitos Económicos del Primer Turno, a cargo del magistrado Humberto Otazú.