La acusación fue presentada por los fiscales Christian Ortiz, Juan Ramón Sandoval, José Martín Morínigo y Alejandro Cardozo, quienes solicitan que López sea juzgada por los supuestos hechos de producción y uso de documentos públicos de contenido falso. Según el Ministerio Público, entre finales de 2019 y comienzos de 2020, la empresaria habría encargado a sus secretarios de confianza, Gerardo Sebastián Medina Gómez e Iván Vidal Francisco Ocampos Miño, gestionar la radicación permanente de los ciudadanos brasileños, pese a que supuestamente sabía que no cumplirían los requisitos legales para obtener los documentos. La Fiscalía sostiene que habría pagado USD 19.000 para acceder a las documentaciones.

De acuerdo con la investigación, los secretarios recurrieron a Bernardo Guzmán Arellano y Cirilo Gustavo Amarilla para la elaboración de los documentos presuntamente falsos, con la colaboración de Wilson Arellano, Vicente Javier Martínez Moreno y Stella Marys Lugo. Estos colaboradores ya fueron condenados en juicio oral y público a penas de entre uno y cinco años de prisión. La audiencia de noviembre será clave para determinar si existen elementos suficientes para que la empresaria sea sometida a juicio. López permaneció prófuga durante aproximadamente seis años, según los antecedentes del caso