Durante el juicio, quedó acreditado que Belotto y su cónyuge ofrecieron la suma de G. 10 millones al entonces mayor Guillermo Moral Centurión, quien posteriormente fue asesinado frente a la Facultad de Derecho de la UNA, para que ingresara el dispositivo móvil y lo entregara al interno Insfrán Galeano.

En su resolución, el Tribunal de Segunda Instancia rechazó los recursos de apelación planteados por las defensas, al considerar que el Tribunal de Sentencia reconstruyó de manera adecuada y coherente la secuencia de los hechos investigados, alcanzando una “verdad real y objetiva”, más allá de las pruebas presentadas por cada parte.

“El análisis de todas estas pruebas fue realizado en forma minuciosa, conjunta y armónica, aplicando una operación lógica que permite llegar a conclusiones sobre la realidad del hecho. Por lo tanto, la defensa no puede pretender que se considere como medio probatorio incorporado de forma ilegal”, expresa uno de los apartados de la resolución.