El agente fiscal Silvio Corbeta denunció públicamente haber sido víctima de graves amenazas y presiones en el marco de la investigación por el denominado caso ueno. Según declaraciones del representante del Ministerio Público a Telefuturo, los hechos ocurrieron durante un allanamiento encabezado por su unidad.

De acuerdo con su relato, el representante de la firma de seguridad GSR Security, Fabricio Martínez Appleyard –quien se encuentra imputado en la causa y con prisión preventiva–, intentó obstruir el ingreso de la comitiva fiscal y policial al recinto. En medio del procedimiento, el empresario lanzó amenazas directas contra el investigador.

“Lanzó amenazas contra mi persona diciendo que me iba a perjudicar porque le estaba obstruido el ingreso al allanamiento”, manifestó el fiscal.

Corbeta agregó que Martínez Appleyard buscó amedrentarlo invocando influencias en las altas esferas del poder. “Invocó públicamente nombres de supuestos contactos políticos que él tiene: mencionó contactos actuales y del gobierno anterior”.

Si bien el fiscal evitó dar a conocer los nombres de los políticos mencionados por tratarse de cuestiones reservadas de la investigación, confirmó que ya puso al tanto de la situación a la Fiscalía Adjunta y elevará un informe formal al fiscal general del Estado. Asimismo, solicitó mayores medidas de seguridad y garantías institucionales para poder proseguir con el desmantelamiento de la presunta estructura criminal.

USD 3,1 millones retirados sin orden

La intervención fiscal guarda relación con el rastreo de una importante suma de dinero vinculada a la entidad financiera intervenida. Según los datos proporcionados por Corbeta y respaldados por un arqueo de caja, el monto asciende a USD 3.090 millones.

La investigación del Ministerio Público apunta a que dicho capital fue retirado del lugar el pasado 3 de noviembre –un día después de haberse decretado la intervención– por el propio Fabricio Martínez Appleyard.

El fiscal subrayó que la extracción del dinero se realizó de manera irregular, sin contar con ninguna orden de la entidad, la cual ya se encontraba bajo proceso de resolución. Durante el operativo, el imputado intentó justificar la maniobra alegando compromisos de pago operativos, argumento que fue desestimado por los intervinientes.