Uno de los puntos centrales será rastrear el recorrido del dinero desde 2023, establecer su origen, movimientos y destino, e identificar las operaciones con relevancia penal. La Fiscalía busca evitar que los presuntos responsables se beneficien de los hechos investigados y garantizar que los bienes puedan ser destinados a resarcir a las víctimas. Además, no descarta nuevas diligencias ni ampliaciones de las imputaciones, conforme avancen los análisis.

En el ámbito internacional, el fiscal adjunto Manuel Doldán confirmó que se remitió un exhorto al Gran Ducado de Luxemburgo para localizar y asegurar bienes con miras a un eventual comiso. También se activaron mecanismos de cooperación con Eurojust, la Fiscalía Europea, el Instituto de Basilea de Suiza y la plataforma RRAG de Gafilat. Paraguay implementa además, por primera vez, una notificación plateada de Interpol para rastrear activos en el extranjero. Doldán aclaró que no es cierta la información sobre la presencia de agentes del FBI en la investigación y señaló que también existe cooperación con Argentina.

Por su parte, la fiscal Ruth Benítez informó que se ordenó preservar durante 90 días los datos almacenados en servicios de respaldo en la nube de empresas vinculadas al grupo Ueno, impidiendo que sean eliminados incluso ante la falta de pago del servicio. La Fiscalía ya recibió respuesta de los proveedores y aguarda la entrega del contenido solicitado. Con estas medidas, el Ministerio Público busca fortalecer las evidencias digitales y financieras para avanzar en el esclarecimiento de las operaciones investigadas.