Los casos de los camaristas de Ciudad del Este, Raúl Insaurralde, Efrén Giménez y Marta Acosta, que levantaron la rebeldía a un prófugo; de la jueza Cinthia Garcete, que extinguió la rebeldía a un matrimonio de paraguayos que fija domicilio en España; de la fiscala Laura Ávalos, que se allanó al blanqueo de un desmonte de 2.900 hectáreas en el Chaco; de los fiscales Giovanni Grisetti, Yeimi Adle y Natalia Silva, que cuasi blanquearon el caso Metrobús; la fiscala Pamela Pérez y el exfiscal y actual juez Guillermo Sanabria, entre otros constituyen una verdadera “prueba de fuego” para los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. La mayoría de estos operadores de justicia cuentan con padrinos políticos o tienen estrecho vínculo con los integrantes del órgano juzgador, a quienes hicieron o siguen haciendo favores. Hasta ahora, el JEM continúa funcionando como la era de Oscar González Daher y Orlando Arévalo, donde los magistrados y fiscales recaudadores, serviles a políticos o sometidos a intereses económicos, son encubiertos por el órgano juzgador.

CAMARISTAS DE CIUDAD DEL ESTE

Los camaristas de Ciudad del Este, Raúl Insaurralde, Efrén Giménez y Marta Acosta habían beneficiado con la eximición de medidas cautelares, la extinción de la rebeldía y el levantamiento de la orden de captura al abogado Walter Ramón Acosta, imputado por abofetear a una funcionaria del INTN, cuando junto a otros compañeros, realizaba una inspección en una estación de servicio, que tenía como asesor jurídico al citado letrado.

Los magistrados de alzada recibieron críticas de diferentes sectores. Incluso de muchos de sus colegas, quienes dijeron que los mismos allanaron el camino para que narcotraficantes y sospechosos de crimen organizado pidan su libertad desde la clandestinidad, sin someterse a los mandatos del Poder Judicial como exigen las leyes.

Incluso hay una acusación de la Cámara de Senadores que solicita el enjuiciamiento, suspensión y posterior remoción de los camaristas Insaurralde, Giménez y Acosta. Sin embargo, esta acusación ni siquiera es impulsada por Derlis Maidana y Mario Varela, que integran el Jurado en representación de la Cámara de Senadores.
Sospechosamente, el caso se está “enfriando” y es evidente que el JEM, no tomará ninguna medida.

FISCALES DEL CASO METROBÚS

La actuación de los fiscales Giovanni Grisetti, Natalia Silva y Yeimy Adle, se puso a conocimiento del Jurado, luego de que los mismos, en el primer día de audiencia preliminar ante el juez Humberto Otazú, se ratificaron en la acusación contra el exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona y la exviceministra, Marta Benítez, por la comisión del hecho punible de lesión de confianza. Sin embargo, sospechosamente, en el segundo día de audiencia, los fiscales cambiaron de postura y pidieron el sobreseimiento provisional de los dos acusados.

Jiménez Gaona tiene fuertes vínculos con el poder de turno, el cual estaría buscando que el JEM archive el caso de los tres fiscales, que prefirieron favorecer a los acusados y dar la espalda a la ciudadanía paraguaya a la que supuestamente representa.

JUEZA DE CIUDAD DEL ESTE

El Jurado también se prestaría a la maniobra para archivar el caso de la jueza de Ciudad del Este, Cinthia Garcete, quien levantó la rebeldía y la orden de detención que pesaba contra un matrimonio paraguayo procesado por estafa y que fija domicilio en España. La magistrada habría actuado al margen de la ley y su decisión fue revocada por la Cámara de Apelación que analizó su resolución.

Si el Jurado actúa de esta manera, sus miembros se estarían contradiciendo de una manera grosera, considerando que hace algunas semanas, enjuició y pidió la suspensión a la Corte, del juez de Concepción, Eduardo Agüero. Este había levantado la orden de captura de un prófugo que fija también domicilio en España.

Sería grotesco que el JEM archive el caso de Garcete, considerando el reciente precedente que dejaron sentado sus miembros al enjuiciar y suspender a Agüero.

DESMONTE DE 2.900 HECTÁREAS EN EL CHACO

El JEM también tiene que resolver si investiga o enjuicia a la fiscala Laura Ávalos, por dejar impune un desmonte de 2.900 hectáreas en el Chaco. La agente del Ministerio Público se había allanado a la suspensión condicional del procedimiento a favor de Miguel Bibolini Barriocanal a cambió de una ínfima donación de G. 50 millones. Ávalos, por otro lado, avaló el sobreseimiento definitivo de la hija de Bibolini, luego de ratificarse en la acusación.

La jueza Fany Cáceres se opuso al blanqueo y envió el caso a la Fiscalía General. La fiscala adjunta, Estefanía González, acorralada por la Corte y el Jurado, rectificó el blanqueo y acusó a los citados involucrados en el desmonte.

ACTUACIÓN NEGLIGENTE DE FISCALES

El Jurado había tomado conocimiento del caso de los fiscales Pamela Pérez y Guillermo Sanabria, hoy juez.
La jueza especializada contra crimen organizado, Rosarito Montanía, había resaltado en una resolución, la grave negligencia u omisión de los fiscales que actuaron en el proceso a Porfirio Ferreira Duarte, imputado por tráfico de drogas y organización criminal. La magistrada se vio obligada a otorgar el sobreseimiento provisional y disponer la libertad de Ferreira Duarte, tras el pedido de provisional hecho por Pérez y ratificado por la fiscala adjunta, Soledad Machuca.

“Se ha constatado que las diligencias llevadas a cabo por el titular del Ministerio Público durante el transcurso de la etapa preparatoria fueron mínimas”, resaltó la jueza.

El tratamiento del caso se había pospuesto a pedido de la doctora Alicia Pucheta, con la inmediata adhesión de Enrique Berni, quien habría sido compañero de promoción de Pérez y mantendría con ella vínculo de amistad.

El Observador