La legisladora señaló que cualquier persona podría verse afectada por contenidos falsificados, incluso en casos relacionados con hechos criminales o situaciones penalmente imputables. “¿Qué pasa si me hacen esto en un crimen o en circunstancias penalmente imputables?”, cuestionó, al advertir sobre el impacto que podrían tener las imágenes o grabaciones alteradas mediante Inteligencia Artificial.

Amarilla también planteó el riesgo de que este tipo de herramientas sean utilizadas para presionar o extorsionar a autoridades con el objetivo de influir en decisiones políticas o en la aprobación de leyes.

“Pueden extorsionarnos para aprobar una ley, ¿y cómo nos defendemos de eso?”, se preguntó la senadora, insistiendo en la necesidad de abrir un debate serio sobre la regulación y el control del uso de la Inteligencia Artificial en el país.