El juzgado puntualizó que se hallan protegidos la privacidad, la Inviolabilidad Del Patrimonio Documental y la Comunicación Privada por normas constitucionales, “a fin de que el Ministerio Público no se extralimite” en el proceso de extracción de datos. 

La información que eventualmente podría obtenerse, resultaría relevante para la investigación y el esclarecimiento de los hechos investigados y, establecer posibles conexiones entre el propietario del dispositivo celular con los funcionarios (actuarios, ujieres) y abogados (representantes de las empresas y oficiales de justicia) imputados en la presente causa. 

De ambos dispositivos se buscará extraer: 

• Datos actuales y eliminados del registro de mensajes de texto (entrantes, salientes, guardados, borrados, mensajes de voz intercambiados en las plataformas de comunicación activada al teléfono celular)
• Datos actuales y eliminados del registro de llamadas (perdidas, entrantes, salientes y marcadas)
• Correos electrónicos
• Datos actuales y eliminados del archivo de agenda telefónica (números de contactos)
• Datos actuales y eliminados de la tarjeta de memoria y sus correspondientes mensaje de texto (entrantes, salientes, guardados, borrados, mensaje de voz)
• Datos actuales y eliminados del archivo de imágenes y videos guardados
• Otros datos actuales y eliminados relevantes que podrían encontrarse en el mencionado teléfono celular, tarjeta simcard y chip, todos los datos actuales y eliminados (archivos de texto, planillas electrónicas, fotografías, videos, y todo aquel contenido en el aparato celular, simcard y chip y toda otra información que considere conducente al esclarecimiento del hecho, entre la propietaria del dispositivo mencionado y los demás encausados

Fue designado como perito el Ing. Jorge Sebastián Riquelme Salinas.

Poco después de la imputación por la mafia de los pagarés, Liliana González de Bristot renunció a su cargo de jueza de paz del distrito de San Roque, el 27 de febrero de 2025, quien para ese entonces ya estaba suspendida en su cargo, sin goce de sueldo, como Garcete y los demás jueces de paz procesados en la causa. 

NATHALIA GARCETE 

De acuerdo a la imputación, en 32 expedientes tramitados por la firma Plan Urbano SA, 11 expedientes para la empresa Gestiones y Cobranzas SA y 18 expedientes de la firma Carsa, la jueza Garcete dictó resoluciones “con el conocimiento de la falsedad del informe sobre el diligenciamiento de las cédulas notificaciones, violando el derecho de la defensa y el principio de igualdad en proceso”.

Los ujieres del juzgado a su cargo, falsearon los datos de los informes ya que nunca realizaron las notificaciones a los afectados. “Todo ello lo habría hecho con clara intención de favorecer a la parte actora”.

LILIANA GONZÁLEZ DE BRISTOT

A la ahora exjueza, se le atribuyen hechos similares, es decir haber dictado resoluciones judiciales sin número ni fecha; haber tramitado juicios ejecutivos sin contar con el documento obligacional; haber firmado resoluciones en fechas inhábiles, todo esto en un total de 100 expedientes.

Ambas se encuentran imputadas por prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso.

El Observador