El pasado martes tuvo entrada en la Cámara de Diputados el proyecto de ley “que abroga la Ley 4027/2010 ‘que regula la concesión y aumento de pensiones graciables’”, que básicamente pretende eliminar completamente esta figura y por ende, dejar sin efecto las 279 pensiones actualmente vigentes.
El proyecto que lleva la firma del líder de bancada de Honor Colorado, Miguel Del Puerto y los opositores Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) y Raúl Benítez (Independiente) tiene como único artículo la abrogación de la ley, por ende, cortar de forma inmediata en el caso de la promulgación.
Los beneficiarios activos actualmente representan una erogación al mes de G. 390.566.211, lo que en un año asciende a la suma de G. 4.686.794.532 según el Listado de Pensionados Activos No Contributivos del Portal de Reportes Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Los montos varían según cada beneficiario, pudiendo ir desde G. 400.000 hasta los G. 3.000.000 por mes.
Los proyectistas plantearon hasta como una cuestión de discriminación hacia otros ciudadanos en estado de vulnerabilidad, sin contactos políticos, a los que les queda únicamente apelar a la Ley de pensión para adultos mayores.
“La iniciativa legislativa responde a que dicho beneficio se otorga generalmente a personas con contactos con sectores políticos en un número muy limitado”, mientras que a otros sectores vulnerables como los adultos mayores se les concede montos menores a través de la ley de pensión específica, señala la argumentación del proyecto de ley.Ante esto, los proyectistas acotan que “los recursos del Estado deben alcanzar a toda la población de la tercera edad y ello hace que deba evitarse favorecer indebidamente a un grupo”.
La iniciativa arranca recién su primer trámite, por lo que aún no hay fecha de tratamiento. La firma de Del Puerto, pese a ser líder de bancada de Honor Colorado, no implica aún apoyo del bloque, cuya mayoría es clave para avanzar o hacer prosperar la iniciativa.
Se llegó a dar pensión a padre de “narcopastor”
Si bien hay casos loables y atendibles, como el caso reciente de pedido de pensión graciable para Felicita Arrúa, madre del joven dirigente liberal asesinado por la Policía, Rodrigo Quintana, a quien le arrebataron su hijo durante las protestas contra la reelección de Horacio Cartes en 2017, hubo otros casos escandalosos en el otro extremo.
Uno de estos ejemplos es José Conrado Insfrán, padre de los detenidos por el caso A Ultranza PY, José Insfrán, tildado de “narcopastor” y Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”, que figuraba en la lista de pensionados graciables.
El mismo cobró hasta 2022 la suma de G. 1.500.000 por mes, a propuesta del actual diputado cartista José Domingo “Mino” Adorno, aunque el proyecto fue presentado en 2016, durante su anterior periodo legislativo.
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