La jueza de Paz del Distrito de la Encarnación, Analía Cibils, se encuentra imputada por prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso, en calidad de autora, quien en su momento atacó el acta de imputación y que finalmente fue ratificada en Cámara.

Entre las medidas figuran la comparecencia mensual, prohibición de salida del país, como también las cauciones cuyos montos no fueron dados a conocer hasta el momento.

Antecedentes 

La defensa, representada por Rodrigo Yódice y Jorge Arturo Daniel Sabe, manifestó cuanto sigue: el incidente se sustenta en el obstáculo notorio que impedía la recepción y admisión de un Acta de Imputación que viola el debido proceso, puesto que éste debe reunir los presupuestos exigidos por el Art. 302 del Código Procesal Penal a los efectos de que el Juez Penal de Garantías pueda conferir el andamiaje respectivo y de esta forma se tiene que no solo el acta de imputación de fecha 21 de marzo de 2025 viola expresas disposiciones legales sino que también, como producto de ella, la providencia judicial de fecha 2 de abril de 2025 trasgrede artículos del Código Procesal Penal, con lo cual se somete a Carmen Analía Cibils Miñarro e incluso a los demás prevenidos a un estado de indefensión y vulneración de las reglas de un debido proceso legal, dado que no existe una descripción cuanto más no sea mínima del hecho concreto, con una descripción de por lo menos datos elementales como tiempo, lugar y modo de comisión de los presuntos hechos punibles. 

Contraloría detecta inconsistencias 

En respuesta, Estigarribia argumentó que “se describió sucintamente los hechos que se le atribuye, pues de los antecedentes obrantes, se tiene que, en su carácter de jueza de paz del Juzgado de La Encarnación, la abogada Carmen Analía Cibils Miñarro habría incurrido en una serie de conductas con presunta relevancia penal, consistentes en el dictado de múltiples resoluciones judiciales –se mencionan al menos 237 providencias y autos– que habrían sido sustentadas en documentos procesales cuya falsedad resultaría, a simple vista, evidente”.  

Además de los hechos que se le atribuyen, recientemente la Contraloría detectó graves inconsistencias en su estudio de correspondencia y que podría ser del monto superior al inicial en el orden de G 800.000.000.

“Del análisis integral de las operaciones patrimoniales vinculadas a la señora Carmen Analía Cibils Miñaro, expuesta en detalle, se observa un patrón reiterado de comportamiento financiero y registral que involucra a la adquisición, construcción y posterior donación de inmuebles a favor de la señora Ramona Beatriz Martínez Martínez, sin mediar contraprestación económica”, resalta el órgano contralor.

“Adicionalmente se observa que, tras la donación de los inmuebles, la beneficiaria otorga amplios poderes -tanto generales como especiales- a personas como el señor Pedro Bertolini y posteriormente, a la hija de la declarante, Nicole Analía Martin Cibils, facultándolos para disponer libremente de los bienes, realizar actos de disposición, celebrar contratos de locación y percibir sumas de dinero derivados de dichos bienes”, refiere el documento remitido a la Fiscalía y a la Corte.

“Esta cadena de adquisiciones, construcciones, donaciones y emprendimientos jurídicos, permite inferir la existencia de un mecanismo que mantiene el control económico y operativo de los bienes a través de terceros, pese a la aparente desvinculación patrimonial formañ”, resalta la conclusión de la Contraloría.

El Observador