Según el análisis técnico-jurídico del CPM, esta medida carece de sustento legal y sanitario, vulnera la normativa vigente y representa un riesgo para la seguridad del sistema de salud.

En dicho pronunciamiento, advierten que romper los canales institucionales de comunicación debilita la atención médica, afecta la coordinación de los servicios y expone al personal a presiones indebidas y acoso fuera del horario laboral.

El gremio médico instó a los legisladores a considerar las implicancias técnicas y legales de sus pronunciamientos, especialmente en temas vinculados a la atención sanitaria.

Finalmente, expresaron su preocupación por la tendencia a desprofesionalizar la gestión de la salud pública desde decisiones legislativas sin el respaldo técnico correspondiente.