El tribunal de sentencia estuvo presidido por el juez Milciades Ovelar e integrado por los magistrados Emilia Santos y Adalberto Soto, quienes hallaron a la procesada culpable de los delitos de abuso sexual en niños, proxenetismo y violación del deber de cuidado y educación.

La acusación fue sostenida por la fiscal Julia González Medina, quien presentó un caudal probatorio contundente. Entre las pruebas se incluyeron documentos, declaraciones testificales y los informes de psicólogas del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público, que constataron el grave daño psicológico y físico causado a la menor.

El proceso reveló que la mujer sometía de forma sistemática a la niña a tocamientos íntimos y la ofrecía a hombres para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero. Estas conductas ilícitas se prolongaron durante varios años, en abierta violación a sus deberes de madre.

El Tribunal concluyó que la acusada omitió de manera grave su deber de cuidado y educación, exponiendo a su hija a una situación de vulneración extrema. Con base en las pruebas presentadas, se dictó la condena de 18 años de cárcel, que constituye un precedente en la lucha contra los delitos de abuso y explotación sexual infantil en el Alto Paraná.