Zulma Beatriz Chávez de 46 años de edad fue asesinada el 11 de septiembre del 2024 en plena calle del barrio Caacupemí de Capiatá. El principal sospechoso fue identificado como Jorgelino Ramírez Díaz, quien en ese momento era expareja de la víctima y al cual se lo observó claramente en circuitos cerrados como el responsable del hecho.

En ese entonces, Ramírez ya contaba con casi una decena de denuncias en su contra por hechos de violencia intrafamiliar. Incluso fue a prisión, pero rápidamente obtenía la libertad y volvía a amedrentar a la mujer a la que finalmente terminó matando.

Pasó más de un año de aquel suceso, la causa sigue abierta, pero sin resultados concretos. Para sorpresa de todos, o quizás de nadie al mismo tiempo, el sospechoso obtuvo la libertad y actualmente se encuentra en carácter de prófugo.

“Se trata de un homicidio que debería ser investigado con prioridad, pero que hoy se encuentra estancado por la falta de avances efectivos de la Fiscalía y por decisiones judiciales que debilitaron la investigación”, relató Blanca García, hija de la víctima, en conversación con HOY.

La hija de la fallecida lamentó que el sospechoso haya sido imputado recién tras más de 10 denuncias y, además, beneficiado con medidas sustitutivas a la prisión. “Esas decisiones hicieron que el asesino quede libre y luego se dio a la fuga. Actualmente se encuentra prófugo y no ha sido capturado”, expresó.

La joven indicó que todavía queda en ella una sensación de impunidad, atendiendo a que la la jueza que lo liberó, Norma Salomón, es la que hasta hoy en día lleva la causa. “Deseo y merezco que este caso no quede en el olvido ni en la impunidad. Lo que pido es justicia real para mi madre, que el sospechoso sea capturado y que se actúe con transparencia y compromiso”

Asimismo, instó a las autoridades a que se revise la causa y que las personas encargadas hasta el momento asuman las responsabilidades por las decisiones que permitieron que el supuesto feminicida hasta hoy día continúe gozando de su libertad. “Mi pedido es humano y legítimo, para que ninguna familia pueda atravesar la misma indiferencia institucional”, relató.

Fueron más de tres años de relación entre víctima y agresor, con denuncias constantes y oídos sordos por parte de las autoridades competentes. Sin embargo, ni con el trágico final pudo “cerrarse el círculo” debido a la impunidad reinante, tanto en este como en otros casos.