El requerimiento del gremio solicita que se ordene una revisión sumarial o actuación equivalente sobre el acto administrativo que registró el título de Rivas Román, seguido de una auditoría de la matrícula, el cursado efectivo, las actas de examen, la nómina de profesores, la carga horaria y, fundamentalmente, los pagos realizados a docentes y personal administrativo de la casa de estudios.

Otro de los requerimientos es que el MEC solicite a la universidad involucrada y a la Dirección de Registro de Títulos la remisión de todos los antecedentes documentales e informáticos vinculados al itinerario académico.

La hoja de ruta marcada por el gremio también incluye la solicitud de declaraciones de autoridades universitarias, docentes, asistentes de cátedra y responsables de archivos que debieron intervenir en la matriculación, evaluación y egreso del investigado.

El Colegio hace especial énfasis en el cotejo de los asientos del Registro Único del Estudiante de Educación Superior (RUE) y registros informáticos primarios. Para el gremio, la investigación debe ser capaz de demostrar si hubo un cursado real o si se trata de una estructura documental sin base académica.

Según el gremio, la pasividad del MEC ante un título desprovisto de sustento verificable consolidaría una «apariencia de legalidad incompatible con la dignidad de la abogacía» y con la confianza pública en el sistema de educación superior del país.