En respuesta a la propuesta del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Carmargo aceptó la conformación de un equipo conjunto de investigación entre ambas jurisdicciones, con el propósito de conocer la autoría moral del asesinato de Marcelo Pecci.

El fiscal Primero Delegado ante el Tribunal de Bogotá. Mario Burgos, encargado del caso Pecci, ya había dado su acuerdo el 4 de junio, luego la fiscal general Camargo, sin embargo, recién este fin de semana fue enviada la carta de aceptación, a través de la directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, Adriana Marcela Mercado.

A partir de ahora se espera un primer encuentro entre autoridades de ambos países, a fin de revisar los términos del acuerdo y los alcances del compromiso, para luego hacerlo oficial ante la opinión pública, de acuerdo al medio judicial colombiano, El Tiempo.

El planteamiento de Paraguay comenzó el 1 de diciembre pasado, cuando el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, solicitó aprobar un mecanismo que permita la investigación y persecución penal, de manera conjunta y coordinada, de los delitos de homicidio, asociación criminal y demás hechos conexos.

Nota relacionada: Crimen de Pecci: “Investigamos hechos, no hacemos persecución antojadiza”

Se pretende que el acuerdo tenga una duración inicial de dos años prorrogables por el mismo periodo, pero solamente una vez, bajo el respeto de la autonomía de cada Estado, según sus reglas.

También se busca la recolección de pruebas según los protocolos de cada país y “evitar la multiplicidad de exhortos que ahorraría el desgaste del aparato investigativo en los dos países”, la detención coordinada de los indiciados que participaron del homicidio, la inmovilización de activos y la desarticulación de redes dedicadas al narcotráfico.

“Cuando en el marco de la actuación del ECI se secuestren, incauten o decomisen activos las partes se pondrán de acuerdo sobre el destino de los bienes, de conformidad con la legislación interna de las Partes”, expresa el documento.

Se propone un intercambio de información y de pruebas, incluso, de los elementos que cada país haya recolectado en sus investigaciones internas previo a la suscripción del acuerdo. El mecanismo podrá decidir, de común acuerdo, la cooperación de otros países mediante la invitación a autoridades competentes de otros Estados.