La evaluación surge tras las múltiples denuncias ciudadanas con relación a la planificación de recolección de las informaciones, teniendo en cuenta que muchos no fueron censados a pesar de permanecer encerrados en sus viviendas.

La actividad, considerada como la de mayor movilización cívica, presentó desde su inicio varias falencias, como la deserción de voluntarios y la carencia de un equipo de contingencia, la omisión de preguntas relevantes del cuestionario, errores en la distribución de viviendas, materiales incompletos, entre otros graves desaciertos que propiciaron a la falta de cobertura.

También se suman supuestos delitos por parte de los propios colaboradores, quienes habrían falseado datos de viviendas que no fueron censadas.

En tal sentido, el INE se vio obligado a suspender temporalmente el pago a los censistas tras las publicaciones periodísticas respecto a planillas de viáticos “abultadas”. Aparentemente existiría una maniobra para ampliar la lista de inscritos y así cobrar el viático sin trabajar.

Esto constó en una de las planillas en la que figuran unos tres mil censistas del departamento Central, los supervisores habrían anotado como voluntarios a personas de otras localidades que jamás realizaron la tarea de censar.