Según Ovelar, “son aumentos relativamente razonables”, pero sostuvo que las prioridades estarán orientadas al mantenimiento del déficit fiscal dentro del límite del 1,5 % del PIB.

El proyecto original remitido por el Ejecutivo experimenta una diferencia de aproximadamente Gs. 112.000 millones adicionales en las solicitudes que están siendo evaluadas por la CBP, ya que varias instituciones elevaron peticiones de aumentos presupuestarios que superan lo contemplado en la iniciativa inicial.

En cuanto al Poder Judicial y el Ministerio Público la decisión de no conceder aumento en este dictamen es un mensaje claro sobre la prioridad presupuestaria del Legislativo y del Ejecutivo; los recursos serán dirigidos a sectores y programas que se consideran más urgentes, mientras se trabaja en un marco de austeridad y eficiencia. En palabras de Ovelar: “mantenernos dentro del 1,5 % de déficit fiscal es fundamental”.