Luego de que se conociera un presunto procedimiento irregular en Capiatá, la abogada Alicia Palacios explicó los derechos que asisten a los ciudadanos en situaciones similares. Señaló que la falta de conocimiento favorece a que autoridades se extralimiten en sus funciones, exponiendo al ciudadano a riesgos legales.

La especialista recordó que cualquier intervención policial debe estar respaldada por documentación que justifique el procedimiento. Ya sea por una orden judicial o una situación específica como la búsqueda de un sospechoso o vehículo relacionado a un hecho punible, el respaldo documental resulta obligatorio.

Respecto a la revisión de vehículos, Palacios enfatizó que no puede realizarse sin orden judicial expresa. Señaló que incluso los controles de rutina deben estar formalmente autorizados, y que en contextos específicos como festividades o eventos masivos puede justificarse su implementación preventiva, siempre bajo condiciones regladas.

Sobre los casos de flagrancia, detalló que los agentes pueden actuar si sorprenden a una persona en plena comisión de un delito, como un hurto o daño a la propiedad. Para situaciones como el manejo bajo los efectos del alcohol, se requiere la intervención de autoridades especializadas para la realización de las pruebas correspondientes.

La abogada explicó que los ciudadanos deben mostrar su cédula si es solicitada, pero los agentes no tienen derecho a retener el documento. Además, indicó que en caso de abuso de autoridad, el afectado debe exigir la elaboración de un acta policial y presentar la denuncia ante la comisaría correspondiente, para luego recurrir al Ministerio Público.

Finalmente, recordó que la Constitución Nacional protege la libertad y establece requisitos claros para toda privación de la misma. Por ello, instó a los ciudadanos a ejercer sus derechos y exigir el cumplimiento de los procedimientos establecidos por ley.

Fuente: ABC