La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNC), la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Auditoría General de la Presidencia, las dos últimas sin autonomía jurídica y con total dependencia del Ejecutivo, serán las encargadas de velar por el buen uso del dinero público que será obtenido mediante préstamos de organismos internacionales para el combate al coronavirus.

La contratación por la vía de la excepción significa que la adjudicación se realiza de manera directa y que no hay difusión del proceso previo, en donde además debido a la situación de emergencia, no existen competidores y la relación se da únicamente entre el vendedor y el comprador.

No obstante, una vez concretada la operación, el Gobierno está obligado a publicar el contrato finiquitado, con todos los datos y montos. Aun así, la diferencia radica en que el control previo permite que el dinero no se fugue, mientras que el posterior implica un proceso de recuperación mucho más lento.

“Es responsabilidad única del comprador publico asegurarse de que el precio es aceptable, el precio es lo que les puede condenar para todo el futuro si no es justo”, explicó el director de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz, en conversación con la 730 AM.

En tal sentido, hasta hoy siguen en curso varios juicios sobre mala utilización del dinero en tiempos de emergencia, precisamente por compras por la vía de la excepción.

Existen tablas de precios referenciales que ayudan a determinar si los números son justos o no, además de otras herramientas que maneja la DNCP, como el comparador automático de precios.

CÓMO PUEDE CONTROLAR LA GENTE

El sistema de seguimiento de contrato estará disponible en el portal de Contrataciones Públicas, que permitirá verificar si está siendo ejecutado o no.

“Creamos un equipo que se dedica única y exclusivamente a verificar todas las compras en el combate a la pandemia, el esfuerzo va a ser comparable al de todas las esferas de la sociedad”, concluyó el director.