En una audiencia inicial el 18 de octubre, Saab se presentó por videoconferencia ante el juez federal del distrito sur de la Florida John J. O’Sullivan, quien le leyó los cargos de lavado de dinero y fijó la diligencia de instrucción de Saab para el 1 de noviembre, según las actas de la corte.

La extradición de Saab de Cabo Verde a Estados Unidos motivó una airada reacción del régimen de Maduro, con la suspensión inmediata de las negociaciones con la oposición venezolana, que se celebraban en México.

Jorge Rodríguez, jefe de la delegación negociadora del gobierno en México, no dejó dudas sobre el motivo de la suspensión de los diálogos. Este señaló que la decisión fue "una expresión de nuestra protesta más profunda contra la brutal agresión sufrida en la persona y la investidura de nuestro delegado Álex Saab Morán".

La policía de inteligencia venezolana también trasladó a seis ejecutivos de Citgo, que se encontraban detenidos bajo arresto domiciliario, a la base central de la policía y el servicio de inteligencia de Caracas, conocido como El Helicoide. Se dijo que el regreso de los ejecutivos —cinco de ellos ciudadanos estadounidenses— al centro de detención era una retaliación por la extradición de Saab.

Por más de un año, los juzgados de Cabo Verde fueron el escenario de un tira y afloje por Saab, donde sus abogados alegaban que este, ciudadano colombiano y veterano colaborador del gobierno de Venezuela, estaba cobijado por inmunidad diplomática de Venezuela al momento de su detención. Venezuela aducía que Saab se encontraba en una misión humanitaria con destino a Irán para adquirir alimentos e insumos médicos para atender la pandemia de coronavirus al momento de su arresto en junio de 2020, cuando su avión privado aterrizó en la isla de Sal.

La extradición de Saab a Estados Unidos se dio poco más de un mes después de su aprobación formal por la Corte Constitucional de Cabo Verde.

Los fiscales estadounidenses imputaron a Saab en 2019 por lavado de dinero. En el pliego de acusación, los fiscales lo señalaban de desviar más de US$350 millones a cuentas en el exterior, que correspondieron a un contrato celebrado en 2011 para la construcción de viviendas para la población de bajos recursos en Venezuela. Aparte de eso, el Departamento del Tesoro estadounidense acusó a Saab de usar empresas de papel para malversar recursos del programa de asistencia alimentaria de Venezuela, alegando que pagó sobornos y coimas a funcionarios del gobierno para ganar contratos inflados y otorgados a dedo.