Guillermo Fernández, de la Dirección de Defensa al Consumidor, explicó que la ordenanza establece un período de adaptación de seis meses para permitir a los comercios utilizar su stock de pajitas plásticas antes de obligarlos a hacer el cambio a alternativas biodegradables. “Desde el 2022 está en vigor la ley. En uno de los apartados se dejó claro que debíamos realizar una campaña de concienciación, y ese plazo venció, por lo que ahora los controles se han intensificado”, indicó Fernández.

El director aseguró que se estableció un acuerdo con los comerciantes, permitiéndoles agotar el inventario de pajitas plásticas antes de reemplazarlas por opciones biodegradables. No obstante, enfatizó que el control es estricto y que las sanciones por el incumplimiento de la normativa están bajo la supervisión del Juzgado de Faltas.

En cuanto a los establecimientos internacionales, explicó que, desde hace más de dos años, han dejado de ofrecer pajitas plásticas, sustituyéndolas por sorbetes biodegradables. Sin embargo, manifestó que recibieron denuncias de clientes que observaron un sobrecosto por el uso de estos sorbetes biodegradables en algunos locales, una práctica que también están fiscalizando.

Fiscalización de Piscinas de Uso Público

Fernández también abordó el tema de la fiscalización de piscinas en establecimientos de uso público, como clubes deportivos y hoteles, además de casas de alquiler con piscina. En este último caso, destacó que muchos de estos locales no cuentan con habilitación municipal ni licencia correspondiente, lo que complica el control.