La Aduana utilizó sus propias redes sociales (Facebook y Twitter) para intentar justificar el absurdo operativo realizado por los funcionarios de la COIA, Alberto López y Líder González, destinados en el puesto de control del km 49 de la Ruta PY02, en Yguazú. El cuestionado secuestro de mercadería se efectuó el viernes último, cuando los mencionados literalmente se apropiaron de nueve cajas de electrónicos queeran transportadas por un camión de la empresa transportadora Trans Amambay Express. Si bien el chofer presentó facturas legales y demás documentaciones, la carga fue sustraída por los funcionarios de la COIA, quienes actuaron con mucha prepotencia y ni siquiera se tomaron la molestia de labrar un acta de incautación en el momento del “secuestro” de la mercadería ajena.

Pero más grave que el operativo en sí es el burdo intento de justificar a estos funcionarios, en un comunicado a la opinión pública, elaborado a instancias del actual director de la COIA, Miguel Ángel Zárate. En el descargo, hablan de contrabando y que se trataría de “mercaderías cuya importación sea prohibida”, sin embargo, los electrónicos incautados no tienen ninguna prohibición, además de contar con las pertinentes facturas, lo que significa que ingresaron al país previo pago de impuestos y por tanto no puede tratarse de productos contrabandeados.

En otro apartado de su desatinado comunicado, invocan artículos del Código Aduanero que, sin embargo, no justifica para nada el procedimiento irregular, llevando en cuenta que hablan de que los productos (controles inalámbricos de Play Station 4 de la marca Sony) supuestamente eran falsificados, cuya determinación no corresponde ni es atribución, bajo ningún sentido, de los funcionarios aduaneros. Lo que debieron hacer, en todo caso, es dar inmediatamente participación a la unidad especializada en la lucha contra los delitos de propiedad intelectual del Ministerio Público, cosa que no hicieron en ningún momento los funcionarios Alberto López y Líder González, quienes muy por el contrario habrían pedido la suma de USD 8.000 a los responsables de la carga, a fin de “solucionar el inconveniente”.

Señal de lo irregular que fue el operativo es que recién ayer fue informada la Fiscalía de turno sobre el procedimiento, luego de que las víctimas de la apropiación ilegal formularán denuncia ante la Policía Nacional e hicieran público el grave caso. Así también los funcionarios intervinientes hasta último momento intentaron negarse a elaborar el acta de incautación y cuando finalmente hicieron uno, se negaron a entregar copia del mismo a los representantes legales de la empresa afectada. Pese a que defiende en su comunicado la actuación de los agentes de la COIA, ayer se supo que quedó desarticulado el puesto de control del km 49, quedando habilitado apenas el del km 60.

Cae de maduro que estos dos funcionarios no podrían haber actuado solos de esta manera prepotente e irregular, resultando obvio que el propio director de la COIA, Miguel Angel Zárate, estaría involucrado en el “esquema”, indicaron fuentes aduaneras consultadas por La Clave. Desde su asunción al cargo, Zárate es duramente cuestionado por comerciantes y productores. La COIA reemplazó al no menos cuestionado Detave, institución desarticulada tras un escándalo de coimas. Sin embargo, solo cambió el “modus operandi”, la extorsión y corrupción siguen rampantes. Los funcionarios de la COIA, según establece el Código Aduanero, deberían realizar controles aleatorios y móviles, sin embargo, se posicionan en puntos clave de recaudación.

Inclusive, en agosto último, Edgar Cuevas, referente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) que trabaja con la Unidad Interinstitucional Anticontrabando (UIC), había manifestado que Miguel Zárate para la UIP “es un elemento antiguo y reciclado” que asumió luego de que fuera eliminado el Detave, a cargo del general Ramón Benítez, quien fue denunciado por encabezar un esquema de cobro de coimas y derivó en la detención de varios funcionarios de esa repartición.

ABOGADOS DENUNCIAN CASO A LA FISCALÍA

Abogados de la empresa afectada por el secuestro de mercadería presentaron ayer la denuncia formal ante el Ministerio Público contra los funcionarios de la COIA Alberto López y Líder González, por los delitos de apropiación, abuso de poder en la función pública y extorsión, atendiendo a que pidieron una coima de USD 8.000, a cambio de “subsanar el problema” y devolver lo incautado, conforme con la denuncia.