De acuerdo al escrito recursivo para la procesado, expone una supuesta falta de objetividad del investigador, lo que alimenta a su vez un temor fundado de sus actuaciones,y toma como referencia la fijación de su declaración indagatoria un día hábil previo a la presentación del requerimiento conclusivo de acusación.

“Como con un día hábil de antelación podría ejercer el derecho a la defensa quien se sabe imputada y eventualmente acusada, debemos señalar que el Ministerio Público tuvo un año para investigar y para llamar a declaración indagatoria y para ampliar su espectro de investigación para no afectar el derecho a la defensa en franca vulneración al principio de objetividad, pero no lo hizo”, afirma la recurrente.

“Precisa además que todo expuesto no se sustenta solo en la afectación al derecho a la defensa, que ya de por sí es absolutamente rave, sino en la esencia de la recusación que es, evitar la posibilidad entiéndase… la posibilidad  que se afecte el principio de objetividad en el Ministerio Público y de imparcialidad en los órganos juzgadores, porque si fuera más que potencialidad, ya estaríamos ante hechos punibles cometidos por los agentes.”

“Por lo expuesto, la potencialidad o la posibilidad de afectar la legitimidad del fallo judicial o del requerimiento conclusivo por alguna afectación de hecho o derecho que implique una inclinación acusatoria o decisoria en algún sentido que se halle más allá de la imparcialidad o de la objetividad es lo que se busca con la recusación.”

Tras la recusación, el Ministerio Público designó al fiscal Jorge Arce, mientras se aguardan los pasos siguientes en torno a la recusación, es decir la contestación y la resolución en Cámara. 

Antecedentes 

El fiscal Silvio Corbeta fijó para el 6 de diciembre, la audiencia de declaración indagatoria, para los procesados Andrés Arrúa Britez, Patricia Corvalán, Manuel Olazar y Blanca Gloria Alvarez Vda. de Samaniego, a fin de que ejerzan su derecho a partir de elementos nuevos sobre presunto desvío de más de 1.100 millones, dinero de la comuna para la construcción de una casa en el barrio San Vicente de Asunción.. 

Sobre la actual intendenta y esposa del parlamentario se tiene que  habría encargado conjuntamente con su cónyuge Esteban Samaniego a la arquitecta Viviana Esther Vargas de Mendoza, los trabajos de proyectos, demolición y construcción de su vivienda de dos plantas en el bo San Vicente de la ciudad de Asunción, que alcanzó un valor total de Gs. 1.108.599.918, de los cuales obtuvo de la firma proveedora BH Services SRL representada legalmente por el amigo íntimo de su cónyuge Andrés Arrúa, la suma de Gs. 563.016.918, por una parte, y el saldo restante Gs. 545.583.000 de la empresa constructora CX Construcciones.

El Observador