"El acusado, en última instancia, dio la espalda a su deber de defender la Constitución ante la posibilidad de que la insurrección tuviera éxito, optando en cambio por participar en ella", declaró el Tribunal del Distrito Central de Seúl, según recoge la agencia de noticias Yonhap.

La Corte, que aumentó la pena de una veintena de años solicitada por el equipo de fiscales, declaró a Park Sung-jae culpable de desempeñar un papel clave en la crisis y ordenó su detención preventiva, alegando la posibilidad de que destruyera pruebas que hoy, sustentaron la imputación.

Así, dio la razón a la acusación, que había indicado que el exministro de Justicia de Corea del Sur había pedido comprobar la capacidad de los centros penitenciarios para retener a políticos que fueran arrestados en virtud de la ley marcial, y había ordenado imponer prohibiciones de viaje.

Por otro lado, el tribunal desestimó los cargos adicionales en su contra por violar la ley anticorrupción, sosteniendo que no entraban dentro del mandato de investigación.

El propio Yoon Suk-yeol fue condenado a cadena perpetua por su intento de imponer la ley marcial, que desató una de las crisis institucionales más profundas en la historia democrática de Corea del Sur.

Otros miembros de su gabinete también fueron sentenciados desde entonces, desde el primer ministro Han Duck-soo (15 años) hasta el extitular de Defensa Kim Yong-hyun (30 años).