El Tribunal de Sentencia integrado por Darío Báez, Gloria Hermosa y Osvaldo Prates declaró culpable a Zárate Recalde por abuso sexual en personas bajo tutela, al considerar acreditado el hecho y la relación de autoridad existente entre el docente y la adolescente. La acusación fue sostenida en juicio por el fiscal Marcial Machado Orihuela.

Además de la pena privativa de libertad de dos años y 11 meses, los jueces hicieron lugar al pedido de la Fiscalía y dispusieron que Zárate no pueda ejercer la profesión docente durante cinco años, atendiendo particularmente al vínculo que mantenía con la víctima como profesor suyo.

El Tribunal Colegiado ordenó igualmente su inmediata remisión a un establecimiento penitenciario. Según información publicada tras conocerse la sentencia, Zárate ya permaneció aproximadamente un año privado de libertad durante el proceso, por lo que deberá cumplir el periodo restante de la pena, sin perjuicio del cómputo definitivo que corresponda.

Los antecedentes de la investigación se remontan al 10 de octubre de 2023. Ese día, las actividades educativas en la zona de la entonces Penitenciaría Nacional de Tacumbú terminaron anticipadamente debido al motín registrado en el establecimiento penitenciario.

La adolescente estudiaba en la Escuela Nacional de Comercio N.º 4 Roberto L. Pettit y asistía al turno noche. De acuerdo con la reconstrucción de la causa, Zárate salió de la institución educativa con la joven y ambos abordaron un vehículo de plataforma con destino a un motel situado en el barrio Republicano de Asunción.

Durante la investigación fueron obtenidas imágenes de cámaras de circuito cerrado que permitieron reconstruir parte de los desplazamientos de esa noche y situar al docente junto con su alumna. Esas imágenes formaron parte de las pruebas presentadas por el fiscal Machado durante el juicio oral.

El Ministerio Público sostuvo que el vínculo profesor-alumna colocaba a la adolescente bajo una relación de tutela respecto de Zárate. Finalmente, el Tribunal tuvo por acreditado el abuso sexual en personas bajo tutela y dictó la condena por ese hecho punible.

La investigación tuvo inicialmente una dimensión más amplia. El 24 de octubre de 2023, el fiscal Marcial Machado imputó tanto a Zárate como a Justo Adolfo Zarza Ruiz Díaz, entonces propietario del motel Sander.

En el caso de Zárate, la imputación inicial comprendía coacción sexual y violación, abuso sexual en personas bajo tutela y estupro. Zarza, por su parte, fue imputado por coacción sexual y violación, intervención en el suicidio y estupro. Ambos fueron detenidos y posteriormente enviados a prisión preventiva.

Según la hipótesis fiscal respecto de Zarza, que no llegó a ser juzgada debido a su fallecimiento, luego de que el docente y la adolescente abandonaran el primer motel, el empresario habría seguido sus movimientos en un vehículo.

La Fiscalía sostenía que Zarza posteriormente interceptó a la adolescente y, bajo amenazas, la llevó a otro establecimiento, donde habría ocurrido un nuevo abuso. Estas afirmaciones correspondían a la acusación contra Zarza y no llegaron a una sentencia que determinara su responsabilidad penal.

La investigación se apoyó, entre otros elementos, en cámaras de circuito cerrado que permitieron reconstruir los desplazamientos realizados durante aquella jornada.

La adolescente fue localizada posteriormente y recibió asistencia. Mientras estuvo bajo atención médica pudo relatar lo ocurrido, información que pasó a formar parte de la investigación dirigida por el Ministerio Público. El 13 de octubre de 2023, tres días después de los hechos investigados, la joven murió por suicidio en su domicilio.

Once días después, el 24 de octubre, Zárate y Zarza fueron detenidos durante procedimientos realizados por agentes del Departamento de Investigación de Homicidios. La Fiscalía formuló imputación y solicitó prisión preventiva para ambos.

Zarza permanecía privado de libertad cuando, en diciembre de 2024, falleció a consecuencia de un infarto en su lugar de reclusión. Su muerte se produjo cuando la causa se encontraba todavía en etapa intermedia y antes de que pudiera concretarse la audiencia preliminar respecto de él. Como consecuencia de su fallecimiento, correspondía la extinción de la acción penal en su contra.

En aquella etapa, Zárate ya había sido beneficiado con arresto domiciliario. Una audiencia preliminar prevista para diciembre de 2024 incluso tuvo que ser reprogramada luego de que su defensa alegara una superposición de audiencias. Familiares de la adolescente se habían presentado en tribunales para reclamar justicia y cuestionar las medidas menos gravosas otorgadas al docente.