El Tribunal de Sentencia, integrado por las magistradas Karina Cáceres, Ana Rodríguez y Yolanda Morel, halló culpables a Mabel Corvalán Achucarro, funcionaria de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad local, y a Nilsa Evelin Morel Giménez, agente policial, por el hecho punible de cohecho pasivo agravado.

Corvalán recibió una pena de dos años de prisión, mientras que Morel fue sentenciada a un año y ocho meses. En ambos casos, la ejecución de la condena fue suspendida.

Durante el juicio oral, se comprobó que ambas implicadas cobraban entre G. 25.000 y G. 30.000 por certificados de vida y residencia, exigidos como requisito para la obtención de registros de conducir. Los documentos eran emitidos de forma irregular, sin cumplir los procedimientos legales establecidos.

La denuncia fue impulsada por el propio intendente de San Lorenzo, lo que permitió la apertura de la investigación encabezada por la agente fiscal Natalia Cacavelos.