El Ministerio Público, a cargo del fiscal Néstor Narváez, logró demostrar la culpabilidad del acusado mediante pruebas documentales y periciales, incluyendo un informe forense decisivo, a pesar de que la víctima se retractara durante el juicio oral y público. La fiscalía había solicitado una pena de diez años, pero el colegiado optó por ocho años de reclusión.

El hecho ocurrió el 5 de septiembre de 2022, en horas de la madrugada, dentro de una comunidad indígena. Según los antecedentes, el condenado llegó a la vivienda familiar armado con un machete, lo que provocó que la víctima intentara escapar. Sin embargo, fue alcanzada y llevada a la fuerza a su domicilio, donde sufrió abuso sexual por parte de su propio hijo.

El tribunal valoró los informes periciales y las pruebas documentales presentadas durante el juicio y resolvió imponer la condena, reconociendo al acusado como autor material del hecho punible.