La presidenta Elsa García, explicó a las partes que la conducta de Alcaraz tiene similitudes con sentencias impuestas a Roberto Cárdenas, exintendente de Lambaré, y el exgobernador Oscar Núñez, 

Vemos que hay doctrina autorizada al respecto cuando se verifica en la presente causa que ese dinero estaba destinado a aulas de los que acceden a la educación pública.

“Estamos hablando de una franja vulnerable de personas que tienen derecho a la educación, la propia Constitución Nacional habla de que los derechos de los niños son prevalecientes y por tanto su derecho a la educación debe ser garantizado para que pueda tener una formación básica, académica con lo cual se acredita el fin social de esas construcciones, de esas refacciones de aulas”

“Vuelvo a decir, conocemos la realidad educativa en nuestro país, conocemos las necesidades que existen en la actualidad y que existían ya en el año 2013 y  muchos más en la población del Chaco donde es difícil acceder a la formación y que la única esperanza que tienen estas personas es poder formarse para el día de mañana a través de la educación y tener mejores condiciones de vida.”

Sostiene que las mejoras edilicias en instituciones educativas de la zona “hubiesen potenciado el desarrollo social de esa comunidad y el hecho punible produce sus consecuencias en ese sentido.”

“Entonces, consideramos que efectivamente este hecho reúne las características de ser un hecho especialmente grave porque lo que aconteció repercute en todo el ámbito de la sociedad, de la comunidad donde se desempeñan estos docentes y aquellos niños y también en todo nuestro país que tanto necesita de este tipo de de inversiones para luego lograr un acceso laboral, inclusive la formulación de esperanza para sus familiares”, expresó.