Durante el encuentro, los conductores expresaron al presidente de la comisión asesora su preocupación por la demora en el tratamiento de la iniciativa legislativa, al considerar que la ausencia de una regulación específica mantiene al sector en una situación de incertidumbre jurídica y dificulta la implementación de mecanismos que garanticen mejores condiciones de seguridad, protección y desarrollo para quienes prestan estos servicios.

Asimismo, manifestaron que el proyecto aún se encuentra en estudio en la Cámara de Senadores, como cámara de origen, donde transita su primer trámite constitucional y permanece pendiente de dictámenes e informes solicitados a diversas instituciones competentes, razón por la cual solicitaron el acompañamiento del bloque asesor para impulsar el avance de la propuesta.

Sobre el documento legislativo

El objetivo central del proyecto de ley es establecer un marco jurídico uniforme para la prestación de servicios mediante plataformas digitales en todo el territorio nacional.

La propuesta busca brindar seguridad jurídica a usuarios, conductores, repartidores, empresas y organismos públicos, evitando diferencias normativas entre municipios y promoviendo reglas claras, transparencia, eficiencia y condiciones equitativas para todos los actores involucrados.

Asimismo, la iniciativa responde al crecimiento sostenido de la economía digital en Paraguay, reconociendo que miles de personas generan ingresos a través de estas plataformas bajo modalidades de trabajos flexibles e independientes.

En ese contexto, pretende fomentar la innovación, promover la formalización del sector y fortalecer los derechos y obligaciones tanto de los prestadores de servicios como de los usuarios.

La exposición de motivos destaca, además, que uno de los principales ejes del proyecto es reforzar la seguridad mediante la implementación de medidas como la verificación de identidad de conductores y usuarios, la creación de un Registro Nacional de Prestadores de Servicios, mecanismos de denuncias y reclamos, protección de datos personales, protocolos de emergencia y políticas de no discriminación.

Estas herramientas buscan fortalecer la confianza de la ciudadanía en el uso de las plataformas y ofrecer respuestas más eficaces ante situaciones de riesgo.

Finalmente, la propuesta contempla la conformación de un Grupo de Trabajo Permanente, concebido como un espacio de diálogo entre el Estado, las empresas y los prestadores de servicios, con el propósito de evaluar la evolución del sector, proponer mejoras regulatorias y atender los desafíos que plantea el crecimiento de la economía digital, procurando un equilibrio entre la innovación tecnológica, la seguridad y la protección de quienes utilizan y prestan estos servicios. Fuente: Diputados