El Tribunal de Apelación en Delitos Económicos confirmó la sentencia de 10 años de cárcel contra el exgobernador de Central, Hugo Javier González, quien fue hallado responsable de liderar un esquema de desvío de fondos públicos destinados a atender la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19. La decisión de la alzada valida la sanción aplicada en primera instancia y refuerza la calificación de los hechos como un plan deliberado de fraude, descartando que se tratara de errores administrativos o negligencia.

Durante el proceso judicial, el Ministerio Público presentó pruebas que evidenciaron la existencia de una "ingeniería delictiva" organizada por el exgobernador y su entorno. Entre los hallazgos más relevantes, el tribunal confirmó que se desvió más de 5.100 millones de guaraníes, recursos que debían ser destinados a la compra de insumos, equipamiento y programas de apoyo a la ciudadanía durante la pandemia. Asimismo, se comprobó que la rendición de cuentas se basó en facturas apócrifas, emitidas por proveedores que nunca realizaron los servicios declarados.

Otro de los elementos centrales de la condena se relaciona con la Fundación CIAP, que recibió desembolsos de dinero público para proyectos que nunca existieron. El tribunal constató que estos fondos no contaban con proyectos formales, cronogramas de ejecución ni justificación técnica, lo que reafirma la existencia de un esquema planificado para defraudar al Estado. En palabras de los magistrados, se trató de una "ingeniería delictiva" diseñada para simular legalidad mientras se desviaban recursos esenciales.

El debate en el Tribunal de Apelación incluyó consideraciones sobre el monto de la pena. Sin embargo, los magistrados Paublino Escobar y Mario Camilo Torres conformaron la mayoría necesaria para mantener la condena de 10 años, argumentando que esta medida es proporcional al perjuicio causado al Estado y a la ciudadanía, así como al nivel de planificación y premeditación del delito.