En el juicio se probó que produjeron un perjuicio patrimonial de más de Gs. 2.600 millones a la comuna mediante irregularidades en el manejo de fondos como el FONACIDE y Royalties, así como desembolsos que no tienen justificación ni contraprestación, en torno a obras deficientes en los ejercicios fiscales 2013, 2014 y primer semestre del 2015.

También se confirmó la inhabilitación de 4 años para ejercer cargos públicos que le impuso el Tribunal de Sentencia a López, quien recientemente obtuvo su libertad ambulatoria tras cumplir la pena mínima. El tribunal desestimó la acusación de asociación criminal al no haberse probado la creación formal de una organización estructurada, aunque reconoció la existencia de un esquema coordinado entre varios actores para defraudar al municipio.

En el marco de la misma causa también fueron condenados Lorenzo Cabrera Ledezma, ordenador de pagos designado por el intendente, hallado culpable de lesión de confianza y administración en provecho propio. Se probó que firmó cheques sin respaldo por más de Gs. 1.617 millones, generando un perjuicio directo a los fondos de FONACIDE y royalties. El tribunal estableció su dolo directo en primer grado, al actuar con pleno conocimiento del daño causado al erario público.

María Yudit Dávalos Ayala, representante de Atlantic Construcciones, fue hallada culpable de ser cómplice de lesión de confianza y administración en provecho propio, por cobrar más de Gs. 450 millones sin respaldo técnico en obras e incurrir en sobreprecios, omisiones contractuales y desvíos de fondos públicos. José María Ferreira González, contratista, también fue hallado culpable como cómplice, al suscribir contratos que duplicaban conceptos ya pagados, lo que generó una pérdida de Gs. 144 millones. Firmó y cobró cheques sin justificar los servicios.

Gustavo Adolfo Benítez Santacruz, de GB Construcciones, firmó contratos con el intendente y recibió pagos inflados, sin cumplir los requerimientos técnicos. Su accionar como cómplice causó un perjuicio de Gs. 185 millones. Raúl Gamarra Osorio, quien suscribió un contrato por un estudio de inversión no ejecutado, generó una pérdida de Gs. 140 millones. Fue considerado cómplice, al igual que Marcelo Simbrón, quien cobró cheques a nombre de terceros sin justificar su participación, causando un daño de Gs. 130 millones.

América Magali Fernández Galeano, secretaria de la empresa Atlantic, también fue condenada como cómplice por cobrar cheques emitidos a nombre de otras personas y colaborar en la defraudación por un monto de Gs. 99 millones. Mirtha Elizabeth Invernizzi Aquino, fiscal de obras designada por el intendente, fue condenada por aprobar certificaciones técnicas sin verificar en el lugar, validando pagos con precios superiores al mercado y causando un perjuicio de Gs. 360 millones.

Por otro lado, Hugo Ariel Barchello Ayala, Gustavo Lorenzo Ayala García y otros acusados fueron absueltos al no comprobarse dolo ni intención en su accionar, limitándose a funciones administrativas o subordinadas.