La decisión se da tras declarar inadmisibles dos recursos de apelación interpuestos por las defensas, que buscaban anular el A.I. Nº 271, dictado el 13 de marzo del 2025 por la juez Alicia Pedrozo.

Las imputaciones surgen de una investigación del Ministerio Público, que sostiene que los acusados formaban parte de una red que ofrecía cargos falsos en instituciones públicas, como IPS, Yacyretá y el Ministerio de Salud, a cambio de pagos que oscilaban entre Gs. 6 y 17 millones. Se estima que las víctimas, al menos 22 personas, fueron engañadas con promesas de empleos inexistentes, respaldadas con documentos falsificados y comunicaciones simuladas.

El recurso presentado por la abogada Yamila Torres, defensora de Torres de Duarte y Torres Coronel, alegaba que no se realizó un análisis integral de las pruebas y que sus defendidas no tenían participación en los hechos acusados, por lo que solicitó su sobreseimiento definitivo. Sin embargo, el Tribunal concluyó que el recurso no fue debidamente fundamentado, ya que se limitaba a criticar el fallo sin explicar errores concretos de derecho ni ofrecer nuevos argumentos jurídicos.

Asimismo, en el fallo que afectó a Yolanda Balbuena, la defensa intentó anular la acusación argumentando “vaguedad en la narrativa fáctica” y ausencia de elementos probatorios claros. Pero el Tribunal sostuvo que la acusación era suficiente para permitir la defensa en juicio y que todas las objeciones deben debatirse en la etapa oral.

La causa involucra a 21 acusados y se centra en hechos ocurridos entre loa años 2020 y 2021. Según la Fiscalía, los miembros de la red simulaban gestiones ante organismos públicos, utilizaban nombres de supuestos contactos internos, y exigían pagos por adelantado, que eran entregados en sobres o por transferencia bancaria.

Con la confirmación de los autos de apertura, las audiencias del juicio oral y público serán agendadas en las próximas semanas.