La comuna de Asunción, ordenó la intervención de su planta asfáltica ante sospechas de un grave esquema de corrupción.

El director de Asesoría Jurídica Jorge Sabaté, detalló las acciones legales impulsadas para auditar el uso irregular de bienes institucionales.

Los detalles de la resolución oficial, se emitieron en el desarrollo del programa Espresso informativo por La Tribu 650 AM.

Apartamiento de autoridades y los plazos para la presentación del informe

El arquitecto Nicolás Duarte, quedó apartado de sus funciones como director operativo de la planta de producción asfáltica. La resolución dictada, establece un plazo de 30 días hábiles para que el equipo interventor remita el informe final de gestión. El abogado Óscar Pérez, asumió la titularidad de la dependencia con las más amplias atribuciones de control administrativo.

La fiscalización de emergencia, investigará de forma prioritaria las órdenes de trabajo y las planillas de las cuadrillas operativas. Las autoridades municipales actuales, buscan determinar el nivel de responsabilidad de los funcionarios que coordinaban las tareas en las calles. El daño patrimonial denunciado, involucra el uso logístico de vehículos pesados y combustible financiado por la recaudación tributaria municipal.

Mecanismos de control interno ante la existencia de esquemas delictivos

Los concejales municipales opositores, presentaron una serie de filmaciones que muestran a los rodados estatales operando en proyectos privados. El concejal capitalino Pablo Calizo, lideró la comitiva encargada de documentar las irregularidades en las dependencias de la vialidad. Los interventores designados, cotejarán las rutas asignadas a los camiones con los puntos geográficos captados en las filmaciones.

El director jurídico capitalino Jorge Sabaté, admitió la complejidad de desarticular estructuras de fraude arraigadas en las dependencias operativas. El extremo control institucional, resulta necesario para evitar el ocultamiento de documentos esenciales por parte del personal de guardia. El proceso sumarial correspondiente, avanzará de manera independiente a las determinaciones que asuman las unidades penales del Estado.

Oficios fiscales tardíos por el uso de los fondos de bonos públicos

La Dirección de Asesoría Jurídica, recibió una notificación fiscal sobre supuestas anomalías con los denominados bonos G8 y G9. La solicitud del Ministerio Público, se registró antes de ayer tras una dilación de 10 meses de investigación fiscal. Las inconsistencias financieras previas, forman parte del informe de corte administrativo elaborado originalmente por el interventor Carlos Pereira.

Los agentes fiscales intervinientes, requieren informes detallados sobre el destino de los millonarios recursos financieros asignados a las cuentas bancarias. Las autoridades de la intendencia, preparan los descargos correspondientes para responder al requerimiento de las unidades penales ordinarias. El abogado Jorge Sabaté, cuestionó la lentitud judicial debido a que la denuncia original se presentó en septiembre pasado.

Posibles acciones legales

La persecución penal de oficio, constituye una obligación legal de los estamentos de investigación de la sociedad civil paraguaya. La institución comunal perjudicada, prevé la presentación de una querella adhesiva una vez que se concreten las primeras imputaciones ordinarias. Las trabas judiciales existentes, dificultan el ejercicio del derecho y dilatan de forma indebida el castigo de los fraudes.

La falta de previsibilidad jurídica, afecta el desempeño de los profesionales del foro en las diversas circunscripciones judiciales del territorio. Los magistrados penales intervinientes, aplican criterios dispares que debilitan la confianza de la ciudadanía en las instituciones del sector público. Las conclusiones de la auditoría, permitirán elevar los antecedentes al Ministerio Público para sancionar a los funcionarios implicados.