De acuerdo con los antecedentes, el denunciante, Roque Schallenberger, cuenta con una finca en el distrito de Yguazú (Alto Paraná) y, en marzo del año pasado, la misma fue invadida por campesinos. Ante la situación, contactó con la ahora imputada, quien le prometió que, en menos de 72 horas, le recuperaría la posesión del inmueble.
El trabajo le fijó en la suma de 20 mil dólares americanos, de los cuales le pidió la entrega de USD 10 mil para iniciar las gestiones, propuesta al que accedió el dueño de la propiedad y concretó el primer pago mediante una cuenta bancaria a nombre de la abogada Horita.
Sin embargo, desde la transferencia, supuestamente, la citada profesional se desentendió del compromiso y no realizó prácticamente ningún trámite e incumplió la promesa; es decir, no consiguió el desalojo del inmueble, lo que motivó a Schallenberger a presentar la denuncia que ahora derivó a la imputación y, a la vez, con un pedido de prisión por parte del fiscal, decisión que ahora queda en manos del juzgado de garantías.
VERSIÓN
Consultada sobre el caso, la abogada Paola Horita manifestó que el caso se remonta a un acuerdo entre el ciudadano Roque Schallenberger y ella en noviembre de 2022. Schallenberger, dueño de una finca en el distrito de Yguazú, contactó con ella para recuperar su propiedad. Horita explicó que recién en marzo de 2023 cobró una parte de lo pactado, lo que está todo debidamente documentado con facturas legales.
Acotó que el 5 de mayo de 2023, su cliente le revocó el poder sin justa causa y de forma tácita, lo cual no afecta la vigencia del convenio sobre honorarios, conforme con la legislación civil en materia de mandatos, dejando abierta la posibilidad de exigir el cumplimiento del pacto conforme al derecho de expectativa que se había generado en la toma del caso.
Por ello, la profesional del Derecho refuta estas acusaciones, afirmando que el denunciante actuó de mala fe. Horita sostuvo que los honorarios fueron acordados por gestión de medios y no por resultados inmediatos, y que Schallenberger se niega a abonar el saldo de 10 mil dólares por los trabajos que sí fueron realizados. De hecho, la abogada destacó que durante la declaración indagatoria, se intimó al denunciante a cumplir con el pago pendiente, algo que hasta la fecha no lo concretó.



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