Benítez advirtió que las irregularidades no se limitan al MEC, sino que también alcanzan a otras instituciones públicas, incluida la propia Contraloría. Además, cuestionó a las universidades que habilitan carreras sin cumplir los requisitos legales de autorización o acreditación. El contralor explicó que el uso de títulos sin respaldo puede ocasionar perjuicios económicos al Estado cuando se utilizan para acceder a bonificaciones, gratificaciones u otros beneficios salariales.

Entre los casos identificados, mencionó 146 correspondientes a profesionales médicos egresados de universidades que, según indicó, no estaban habilitadas o no contaban con la acreditación obligatoria de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES). Benítez alertó sobre las implicancias de estas situaciones para la calidad de la formación profesional y la prestación de servicios, especialmente en el área de salud. La Contraloría anunció que continuará con las verificaciones y las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades de los funcionarios y de las instituciones educativas involucradas.