El dictamen revela más de 20 irregularidades en la administración de los recursos municipales.

Faltantes millonarios entre extractos bancarios y boletas de depósito en banco; además de millonarios pagos a proveedores, entes privados y particulares sin respaldo documental dan como resultado un desfalco descomunal que asciende a G. 6.760 millones, más de un millón cien mil dólares al cambio actual, en la gestión de los exintendentes liberales.

La Contraloría brindó oportunidad a los exintendentes para justificar el destino de los fondos públicos. Sin embargo, los exadministradores de la Comuna solo respondieron a algunas observaciones e ignoraron la mayoría de los cuestionamientos del ente contralor, según indicaron.

El exintendente Castillo fue procesado por la Fiscalía por apropiación y lesión de confianza, tras supuestamente adueñarse del aporte de los funcionarios que debía ser transferido a la Caja de Jubilaciones. Extrañamente, Agüero no fue incluido en la imputación.

Datos del informe final

Una parte del informe final de la Contraloría General de la República dice que los exintendentes de Hernandarias Mario Castillo y Erico Agüero no presentaron rendición de cuentas de millonarias transferencias del rubro educativo.

En 2015 los exintendentes Castillo y Agüero transfirieron G. 321.987.500 en concepto de “aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones sin fines de lucro”.

Los fondos fueron entregados a 20 personas y al Cuerpo de Bomberos de Hernandarias. En su informe final de auditoría la Contraloría detectó la inexistencia de la rendición de cuentas de los beneficiarios en la Municipalidad. Esa situación genera al menos sospechas del destino de los fondos municipales.

Algunos de los beneficiarios recibieron más de una transferencia como la locutora Patricia Spejczys Giménez, a quien se le entregó G. 73.460.000 en cuatro pagos.

Danilo Rivas Pérez, padre de la concejala departamental Carolina Rivas (ANR), también aparece en la lista con dos transferencias que totalizan G. 23.200.000.

La Contraloría constató 29 irregularidades durante la gestión municipal de Castillo y Agüero. Millonarias diferencias entre extractos bancarios y boletas de depósito; además, de falta de documentación de gastos millonarios en combustible y del destino de transferencias a entes privados y públicos y particulares. Las anomalías suman la friolera suma de G. 6.760 millones.

Castillo fue procesado por supuesta apropiación de más de G. 700 millones, que debía transferir a Caja de Jubilaciones.

“Solo son faltas administrativas”

Mario Castillo sostuvo que en el informe final de la Contraloría General de la República (RGC) solo se encontró “faltas administrativas”.

“En el informe, la CGR se expidió sobre reportes de indicios de hechos punibles contra el patrimonio y/o comunicación interna declarándolo N/A (No admisible). Las autoridades del ente sujeto de control auditado deberán implementar un plan de mejoramiento que permita solucionar las citadas deficiencias y debilidades. Por lo tanto, no se considera hecho punible de acuerdo a la auditoría practicada a la administración del exintendente Mario Castillo”, expresó el exadministrador de Hernandarias.

Patricia Spejczys y Danilo Rivas dijeron que presentaron la rendición de cuentas de la transferencia. Mientras que Castillo afirmó que envió los documentos a la Contraloría.