Por un lado, es posible que puedan justificar los hallazgos detectados y por el otro, que no puedan demostrar, por ejemplo, un incremento patrimonial, lo que derivaría en una denuncia ante la Fiscalía por enriquecimiento ilícito.

El estudio de correspondencia solicitó la Corte, tras estallar la “mafia de los pagarés”. Los magistrados que tienen observaciones son: Lourdes Yumi Piñeiro, Gustavo Villalba, Víctor Rodríguez, Nathalia Garcete, Gloria Machuca, Alejandro Peña, Analía Cibils y la exjueza Liliana de Bristot. Tiene dictamen de correspondencia Elvira Franco.
Para dar seguimiento al estudio de correspondencia de bienes de los jueces de paz de Capital y otros funcionarios, El Observador, consultó la situación a la Contraloría.

El director de Declaraciones Juradas, Armindo Torres, refirió que no puede brindar detalles del trabajo que realiza el órgano contralor y explicó que de acuerdo con las normativas vigentes, los funcionarios cuentan con un plazo de 10 días hábiles para responder y adjuntar la documentación que respalde la legitimidad de su patrimonio. “En caso de que las observaciones no sean debidamente justificadas, la Contraloría remitirá los antecedentes al Ministerio Público, entidad encargada de ejercer la acción penal pública, con el fin de determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación formal por posibles irregularidades”, explicó el funcionario.

Refirió que el proceso de fiscalización patrimonial no se limita exclusivamente a los jueces de paz, sino que se ha extendido a la revisión de los bienes y declaraciones de actuarios y ujieres, en el marco de la investigación sobre la denominada “mafia de pagarés”. “Estos trabajos responden a un pedido expreso de la Corte Suprema de Justicia y del propio Ministerio Público, lo que evidencia un esfuerzo conjunto entre las instituciones para reforzar la transparencia y el control dentro del Poder Judicial”, manifestó el director del órgano contralor.

“Estos controles patrimoniales forman parte de las estrategias de prevención y lucha contra la corrupción, con el objetivo de detectar posibles enriquecimientos ilícitos o inconsistencias en las declaraciones de bienes de los funcionarios públicos. La rigurosidad con la que se llevan a cabo estas auditorías es esencial para fortalecer la confianza en las instituciones y garantizar que los servidores públicos actúen dentro del marco de la legalidad”, expresó Torres, quien se negó a brindar detalles con relación a las irregularidades detectadas.

En años anteriores, procedimientos similares han derivado en sanciones, destituciones e incluso procesos penales contra funcionarios que no lograron justificar el origen de sus bienes. Esto subraya la importancia de estos controles y la necesidad de que los jueces y demás funcionarios sometidos a auditorías patrimoniales presenten una declaración jurada clara, veraz y debidamente sustentada ante la Contraloría.

Hasta el momento, no ha sido posible acceder a los detalles específicos de las observaciones, ya que desde la Contraloría insistieron que se encuentran a la espera de los descargos para poder culminar los trabajos de verificación.

“La investigación sigue en curso y se espera que, una vez vencido el plazo para la presentación de las justificaciones, se determine si la documentación presentada es suficiente o si, por el contrario, corresponde la intervención del Ministerio Público para profundizar en las indagaciones y definir posibles responsabilidades penales por enriquecimiento ilícito o declaración falsa”, apuntó Torres. “Esto es lo que objetivamente podemos informar”, insistió el alto funcionario de la CGR.

El Observador