La Contraloría General de la República (CGR) informó ante el Congreso que detectó graves irregularidades administrativas, financieras y de gestión en el Instituto de Previsión Social (IPS), entre ellas el pago de jubilaciones a más de 11.000 personas que ya habían fallecido. Según los primeros resultados de la auditoría, los desembolsos superarían los G. 50.000 millones, monto que deberá ser precisado mediante una auditoría forense.

El contralor general, Camilo Benítez, cuestionó duramente la administración de la previsional y calificó al IPS como "la institución más desordenada" del Estado paraguayo.

"Es por lejos la institución más desordenada, diría yo, hoy del Estado paraguayo, lastimosamente. Porque afecta en la sensibilidad máxima de los ciudadanos", manifestó.

La auditoría abarcó distintas áreas de la institución, entre ellas los sistemas financieros, tecnológicos, administrativos y de gestión de bienes, y fue presentada como uno de los informes más amplios realizados por la Contraloría sobre la previsional.

Pagos a jubilados fallecidos

Uno de los principales hallazgos corresponde al pago de haberes a más de 11.000 jubilados que ya figuraban como fallecidos en los registros oficiales. El monto involucrado supera los G. 50.000 millones.

Benítez cuestionó que el IPS no haya implementado un mecanismo efectivo para cruzar sus registros con los datos del Registro Civil, pese a que esta situación ya había sido advertida anteriormente.

"A pesar de ello, el IPS le pagó a jubilados por más de G. 50.000 millones a más de 11.000 personas que ya estaban fallecidas", sostuvo.

El contralor explicó que la irregularidad podría haberse evitado mediante un simple cruce de información con los registros de defunción digitalizados. No obstante, aclaró que será una auditoría forense la que determinará con exactitud el perjuicio y las eventuales responsabilidades.

Diferencias de millones en medicamentos

Otro de los puntos que llamó la atención de los auditores fueron las diferencias encontradas entre los sistemas informáticos utilizados por el IPS para registrar medicamentos y otros bienes de consumo.

La previsional utiliza un sistema de información hospitalaria y, paralelamente, el sistema SAP. La auditoría detectó inconsistencias entre ambas plataformas, tras lo cual se realizó un ajuste contable que redujo el valor registrado de los bienes de consumo y medicamentos en aproximadamente un 45%, equivalente a más de G. 600.000 millones.

Benítez señaló que aún no se puede determinar si la diferencia responde exclusivamente a errores de registración o si existen otras irregularidades detrás del caso.

"No podemos afirmar nada, pero tampoco podemos descartar nada", afirmó.

Deuda flotante supera G. 1 billón

La situación financiera del IPS también genera preocupación. La Contraloría detectó una deuda flotante superior a G. 1 billón, que se arrastra de un ejercicio fiscal a otro.

Según explicó Benítez, esta situación limita la capacidad de la previsional para adquirir nuevos medicamentos e insumos, debido a que una parte importante de sus recursos debe destinarse al pago de obligaciones pendientes de años anteriores.

"Cada vez que el IPS se propone comprar insumos o medicamentos, en realidad no tiene dinero para pagar porque lo que va a hacer es pagar deudas anteriores", manifestó.

El futuro de la Caja de Jubilaciones

La Contraloría también alertó sobre la situación de la Caja de Jubilaciones del IPS. De acuerdo con las propias proyecciones de la previsional, las reservas generadas mediante inversiones financieras podrían resultar insuficientes alrededor del 2036.

A partir de ese momento, el IPS tendría que comenzar a utilizar el capital acumulado para cumplir con sus obligaciones, debido a que los aportes obrero-patronales ya no serían suficientes para cubrir los pagos a los jubilados.

"Lo que cobra el IPS del aporte obrero-patronal no es suficiente para pagarle a los jubilados. Aquí tenemos un problema, un caos financiero", advirtió Benítez.

Millonarios acuerdos y baja rentabilidad de inmuebles

Entre los demás hallazgos, la auditoría identificó un presunto uso irregular del sistema de gastos judiciales para el pago de acuerdos privados homologados, por un monto aproximado de USD 25 millones.

También se detectó una baja rentabilidad de los inmuebles arrendados por el IPS, que, según el contralor, ni siquiera alcanza el 1%. A esto se suman problemas vinculados con la falta de registración de dominios, pagos de servicios de ANDE correspondientes a inmuebles arrendados y excepciones de pago otorgadas por períodos superiores a ocho años sin estudios previos.

La Contraloría igualmente observó un incremento significativo en los montos correspondientes a contrataciones públicas.

Benítez adelantó que la Dirección de Auditoría Forense y la Asesoría Jurídica de la CGR analizarán los hallazgos para determinar eventuales responsabilidades y establecer con precisión el perjuicio patrimonial ocasionado.

Finalmente, el contralor alertó sobre las millonarias deudas que mantienen el Estado paraguayo y empresas privadas con el IPS, situación que agrava aún más el panorama financiero de la institución.