El examen se había iniciado tras un pedido de la Corte Suprema de Justicia, con base a una auditoría realizada tras publicaciones periodísticas y en redes sociales de la ostentosa vida de algunos ujieres, que junto a magistrados y otros funcionarios, estarían involucrados en la mafia de pagarés y el secuestro ilegal de vehículos. En diciembre pasado, el órgano de control pidió datos a Registros Públicos, del Automotor, bancos, financieras y otras instituciones públicas y privadas.

La Contraloría prioriza un grupo de 40 nombres de la nómina de los más de 147 funcionarios, incluidos los jueces de paz.

Los antecedentes revelan que tras la serie de publicaciones sobre un esquema fraudulento de notificaciones instalado en los juzgados de paz de Capital, conocido como la mafia de los pagarés, el Consejo de Superintendencia dispuso auditoría de los nueve juzgados; el estudio de correspondencia de bienes de los funcionarios y el control sobre el ingreso y salida de los mismos, incluidos los magistrados.

El número 1 en la lista enviada por la Corte es el juez Gustavo Villalba, del juzgado de paz de La Catedral 1º Turno, cuyo estudio de correspondencia de bienes hará la Contraloría. Además del juez, fueron incluidos los actuarios Gabriel Acosta y Aaron Valdez Cáceres y los ujieres Jorge René Montiel y Osvaldo Insfrán.

La jueza de paz de La Catedral 2º Turno, Nathalia Garcete Aquino; los actuarios Olivia Mosqueda Núñez y Pablo Cabrera y los ujieres Alfredo Samudio Benítez y Mariam Aquino, también están en lista.

La jueza de paz de San Roque, Liliana González de Bristot, los actuarios Liz Ortiz Báez y Miguel Ángel Rolón y los ujieres Heber Cardozo Areco y Líder Benegas, igualmente fueron incluidos. La magistrada fue suspendida por la Corte.

La lista con la jueza de paz de Trinidad 1º Turno, Gloria Machuca; los secretarios Roberto Carlos Bazán y Gilberto Vargas Saucedo y los ujieres Gladys Acosta Arguello y Nelson Cabral Barrios.

Igualmente están el juez de paz de Trinidad 2º Turno, Alejandro Peña; los actuarios Hugo Pastor Solalinde y Gabriela Riquelme y los ujieres Dante Silvero y Claudia Selene Villalba.

La jueza de paz de Santísima Trinidad 3º Turno, Lourdes Yumi Piñeira, la actuaria Sthefani Godoy y el ujier, Juan Pablo Cáceres.

La jueza de paz de Villamorra, Elvira Franco, la secretaria, Elizabeht Cardozo y los ujieres Juan Francisco Benítez y Walter Amarilla, aparecen en la lista.

Esta igualmente, están incluidos el juez de paz de la Recoleta Víctor Rodríguez Acosta, los actuarios Gloria Morínigo y Rosa Lezcano y los ujieres Fernando Cáceres González e Ingrid Prette.

La jueza de paz de la Encarnación, Carmen Analía Cibils, los actuarios Martina Rivela y Ricardo Cuevas y los ujieres Nicolás Antúnez y Audrey Galeano, aparecen en la lista.

Cibils también fue suspendida por la Corte y el juzgado de paz a su cargo es el que estaría más comprometido en la mafia de los pagarés de acuerdo a las denunciadas realizadas en contra de la magistrada. Con base a la auditoría fue suspendida por el alto tribunal.

Lastimosamente, pese a la promesa de transparencia, la Corte no dio a conocer los resultados de las auditorías.

El Observador