La lista está integrada por los magistrados Analía Cibils, Liliana González de Bristot, Gustavo Villalba, Natalia Garcete, Víctor Rodríguez, Alejandro Peña, Gloria Machuca, Elvira Franco y Lourdes Yumi Piñeiro y los actuarios, que en total suman 16 personas. Sin embargo, a un mes y quince días de la solicitud del órgano contralor, el alto tribunal no envió documento alguno. La dilación dificulta el estudio de bienes de jueces, actuarios y ujieres salpicados por la mafia de pagarés.

La Contraloría había solicitado a la Corte, para que solicite a Registros Públicos con relación a 16 personas: Analía Cibils, Elvira Franco, Gloria Machuca, Fausto Abundio Rivas, Gustavo Villalba Báez, Tania Bogado Palacios, Liliana González de Bristot, Idir Bristot Scotti, Nathalia Garcete, Carlos Luis Mendoza, Víctor Nilo Rodríguez, Marie Rose Poisson Spessot, Alejandro Alcides Peña Yegros, Cinthia Vázquez Sosa, Lourdes Yumi Piñeiro de Osorio y Ramón Osorio Dávalos.

En el documento, la Contraloría resaltó a la Contralo que es importante contar con un historial exhaustivo de todas las transferencias que hayan tenido lugar durante este lapso temporal con sus correspondientes escrituras públicas.

El órgano había solicitó la remisión en el plazo de 10 días. Sin embargo, casi dos meses después, la Corte no envió los informes de la Dirección de los Registros Públicos. La falta de dichos documentos dificulta la conclusión del estudio de correspondencia de bienes de los jueces de paz y actuarios, que fue solicitado por los propios ministros cuando estalló el caso de la mafia de pagarés.