La decisión, adoptada por unanimidad por una Sala de Cuestiones Preliminares, concluyó que los crímenes se habrían cometido como parte de un “ataque generalizado y sistemático” contra la población civil, dirigido contra personas consideradas sospechosas de delitos relacionados con drogas.

Los crímenes imputados se habrían cometido entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019.

Según los jueces, la fiscalía ha presentado pruebas suficientes para sostener que Duterte, primero como alcalde de Dávao y después como presidente del país, habría estado en la cúspide de una estructura responsable de miles de asesinatos, a través de escuadrones de la muerte locales y después mediante fuerzas de seguridad a nivel nacional.

La fiscalía defiende que existía una política para “neutralizar” a presuntos delincuentes en Filipinas, término que en la práctica —según la Sala— significaba matar, y que se materializó en una campaña prolongada, organizada y coordinada que dejó un alto número de víctimas en distintas regiones del país.

El caso incluye tres cargos por crímenes de lesa humanidad: asesinatos en la ciudad de Dávao durante la etapa municipal; ejecuciones de supuestos “objetivos de alto valor” al inicio de su presidencia; y muertes y tentativas de asesinato en operaciones policiales posteriores.

En total, la acusación recoge al menos 76 asesinatos y dos intentos, aunque la fiscalía y la Corte subrayan que la magnitud real de las víctimas sería “significativamente mayor”.

Se considera que Duterte habría contribuido de forma esencial a estos crímenes al diseñar la política, dar instrucciones, proporcionar recursos, promover públicamente la violencia y garantizar protección e impunidad a los autores materiales.

El caso pasa ahora a una Sala de Primera Instancia, que fijará el calendario y las condiciones del juicio.

Tras conocer esta decisión, la Fiscalía de la CPI afirmó que la confirmación de los cargos refleja “la solidez y profundidad” de su investigación.

En un comunicado, destacó que la resolución representa “un hito significativo” en la búsqueda de responsabilidades por las presuntas ejecuciones extrajudiciales y respalda que existen fundamentos suficientes para llevar el caso a juicio.

Por su parte, Human Rights Watch señaló que el envío del caso a juicio “abre la puerta a una justicia largamente esperada para las familias de las víctimas” y manda un mensaje de que “nadie responsable de crímenes graves está por encima de la ley y que la justicia acabará alcanzándolos”, dijo su asesora de justicia internacional, Maria Elena Vignoli.

La campaña contra las drogas impulsada por Duterte, especialmente durante su presidencia entre 2016 y 2022, fue objeto de fuertes críticas por parte de organismos de derechos humanos y expertos de Naciones Unidas, que denunciaron el uso excesivo de la fuerza, como patrón, y la falta de rendición de cuentas.

Filipinas fue Estado parte del Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, entre 2011 y 2019, periodo durante el cual la Corte considera que tiene jurisdicción sobre los hechos investigados, según confirmó este miércoles el propio tribunal durante una audiencia pública.