El representante del Ministerio Público, Luis Piñánez, indicó que, en relación con la acción de inconstitucionalidad, solo está pendiente el auto para resolver. Sin embargo, respecto al recurso extraordinario de casación contra las resoluciones de la Cámara y la sentencia del juicio oral y público, el obstáculo actual es que hasta el día de hoy no se ha podido conformar la Sala Penal encargada de resolverlo. Esto se debe a los distintos recursos dilatorios de recusación presentados contra los magistrados, lo que ha dejado a la ministra Carolina Llanes como la única integrante habilitada.

En primera instancia, el Tribunal de Sentencia —integrado por los jueces Elsa García, Yolanda Morel y Jesús Riera Manzoni— dictó el 15 de septiembre de 2023 una pena de cinco años de privación de libertad, además de cinco años de inhabilitación para ejercer funciones públicas y el comiso especial de bienes por un valor de G. 1.934.584.283. Una vez que la máxima instancia judicial decida ratificar la pena, el condenado deberá ser recluido en una penitenciaría del país.