Sin embargo, el mismo organismo guarda un silencio absoluto frente a casos mucho más graves, como el beneficio otorgado por una jueza y un fiscal antidrogas a dos primos hermanos, acusados de traficar casi una tonelada de marihuana y que fueron liberados mediante sobreseimiento provisional, que les fue otorgado en rebeldía y sin haber pisado la cárcel. La doble vara del máximo órgano judicial expone la selectividad y parcialidad de su accionar.

La justicia paraguaya volvió a dar un ejemplo elocuente de su capacidad para actuar con rapidez y severidad… pero solo cuando le conviene. El pasado 24 de julio, a instancias de la Corte Suprema, el Tribunal de Ética Judicial abrió una investigación contra el juez del crimen organizado Osmar Legal. ¿El motivo? Haber sido modelo en una publicidad de una barbería, propiedad de su actual pareja.

La “grave falta ética” fue detectada gracias a la viralización de un video en redes sociales. El Tribunal, integrado por Antonia Irigoitia, Miriam Peña (exministra de la Corte), Lourdes Breuer, Olga Talavera, Carmelo Di Martino y Amparo Samaniego Vda. de Paciello, decidió actuar de oficio, abriendo un proceso que durará 60 días y en el que el magistrado deberá dar explicaciones en audiencia oral.

Mientras tanto, en el otro extremo del espectro judicial, un escándalo de proporciones mayores transcurre sin que el Tribunal de Ética mueva un dedo. Se trata de la polémica decisión de la jueza penal de garantías Cinthia Garcete y el fiscal antidrogas Elvio Aguilera, quienes beneficiaron con un sobreseimiento provisional a dos prófugos de la justicia: Alfredo Fabián Taparí Casco y Alfredo Junhior Casco Casco.

Ambos forman parte de una estructura familiar dedicada al narcotráfico, investigada desde 2021. Ese año, la Policía Nacional incautó 907 kilos de marihuana prensada en un operativo que terminó con la condena de otro primo, César Alexis Casco Duarte, a seis años de prisión. Sin embargo, los dos beneficiados lograron escapar durante la persecución, permanecieron prófugos durante años y nunca pisaron una celda.

Las evidencias en su contra eran contundentes: vínculos directos con el cargamento, provisión de vehículos para el traslado y participación activa en la logística del esquema delictivo. Pese a ello, este año fueron “premiados” con una salida procesal que les permitió recuperar –o más bien mantener– la libertad. Según fuentes policiales, ya habrían retomado sus operaciones en el narcotráfico.

El sobreseimiento provisional es una figura que, en teoría, se reserva para casos menores o cuando el imputado colabora con la justicia y carece de antecedentes. Pero aquí no hubo colaboración, ni captura, ni procesamiento serio. Hubo, eso sí, la intervención de un fiscal y una jueza con cuestionadas trayectorias, cuyas decisiones refuerzan la percepción de que, en Paraguay, el peso de la ley depende más de las relaciones y conveniencias que de la justicia.

Lo llamativo –y revelador– es que la Corte Suprema y su Tribunal de Ética Judicial, tan diligentes para abrir un proceso contra un juez por posar en una barbería, no han mostrado el más mínimo interés en investigar a Garcete y Aguilera. Ni oficio, ni expediente, ni sumario ético. Silencio absoluto. Esta doble vara no solo mina la credibilidad del sistema judicial, sino que envía un mensaje peligroso a la ciudadanía: las instituciones pueden actuar con ferocidad por un hecho trivial, pero se vuelven mansamente cómplices ante decisiones que fortalecen estructuras criminales.