Recordemos que el pasado 20 de noviembre, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) desaforó a la cuestionada magistrada y solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la suspensión de Bracho en el ejercicio del cargo, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 13, inciso C, de la normativa vigente.

De acuerdo con la imputación contra la ahora exjuez Isabel Bracho, la investigación se desprendió de escuchas telefónicas realizadas en la causa N° 2373/2022, donde personal del Departamento Antinarcóticos detectó conversaciones entre los abogados Crispín Gilberto Rojas, Rossana María Luján Palazuelos y el propio Galindo.

En esas llamadas, los intervinientes mencionaban directamente a la agente fiscal Egidia Gómez y a la juez Isabel Bracho, atribuyéndoles beneficios indebidos para el imputado dentro del expediente N° 1062/2021. Las llamadas revelaban expectativas de flexibilización de medidas, entrega irregular de evidencias y resoluciones judiciales supuestamente favorables a cambio de pagos.

La imputación reconstruye cronológicamente los hechos, señalando que en fecha 13 de mayo del 2021, durante un allanamiento realizado en Villa Elisa, fueron incautados importantes elementos probatorios, entre ellos Gs. 133.952.000, 1.486 gramos de cocaína, 1,6 gramos de marihuana, una camioneta Ford Ranger, teléfonos celulares y otros objetos. Estas evidencias fueron entregadas a la fiscal Egidia Gómez para su guarda.

De acuerdo con el Ministerio Público, parte de ese material, incluyendo los paquetes de cocaína, habría sido objeto de cambio fraudulento y sustituido por bicarbonato sódico entre julio y agosto del 2021, sin que existiera justificación procesal para ello.