Presentado por el primer ministro Manuel Marrero y anunciado días antes por el presidente Miguel Díaz-Canel, el conjunto de reformas busca dinamizar y descentralizar la economía en medio de una profunda crisis marcada por apagones prolongados, escasez de combustible y alta inflación, que el Gobierno atribuye principalmente a las sanciones y el bloqueo petrolero de Estados Unidos.

Entre los cambios más destacados figuran la conversión de empresas estatales en sociedades mercantiles con mayor autonomía, la ampliación significativa del sector privado, incluida la posibilidad de crear empresas más grandes y banca privada, la flexibilización de la inversión extranjera y de cubanos en el exterior, y el paso de subsidios generalizados a ayudas focalizadas en personas vulnerables.

El oficialismo insiste en que estas medidas responden a la necesidad de “cambiar todo lo que tiene que ser cambiado” sin renunciar al proyecto socialista.

Entre los ejes centrales del paquete se encuentra la transformación de las empresas estatales en sociedades mercantiles, lo que les otorgará mayor autonomía para definir sus propias escalas salariales, reinvertir utilidades, acceder directamente al mercado cambiario y establecer alianzas. Se elimina la escala salarial estatal rígida y se permite que las empresas negocien los salarios con los trabajadores.

Paralelamente, se amplía el espacio para el sector privado: se autoriza la creación de empresas de mayor tamaño, se reduce la burocracia para su constitución y se permite que cubanos posean más de una sociedad.

Por primera vez en décadas, se abre la puerta a la banca privada y a casas de cambio privadas, además de permitir que ciudadanos y empresas no estatales tengan cuentas en divisas.